Para la CFE, la reforma eléctrica no se contrapone al T-MEC porque México se reservó el derecho a aplicar cambios constitucionales en su sector energético; por su parte, representantes de la iniciativa privada señalaron que la iniciativa viola compromisos.
Así lo expusieron este martes ambas partes durante el foro 14 del Parlamento Abierto para analizar la propuesta presidencial, el cual se tituló “Convencionalidad de la iniciativa de reforma eléctrica: T-MEC vs Reforma Eléctrica”.
De acuerdo con el abogado general de la CFE, Raúl Jiménez Vázquez, el capítulo 8 del T-MEC establece que “México se reserva su derecho soberano de reformar su Constitución y legislación interna”.
Señaló que, cuando se aprobó el T-MEC, el tema energético no quedó incluido en el acuerdo, por lo que “no forma parte ni del capítulo 8 ni de ninguno de los capítulos del T-MEC”.
Con base en el precepto 27 de la Convención de Viena, según el cual los pactos entre países deben ser respetados,sostuvo que México no entraría en conflicto con Estados Unidos ni Canadá por aprobar una reforma eléctrica, pues los tres se comprometieron a respetar la soberanía legislativa.
Reiteró que la reforma eléctrica “de ninguna manera conlleva una expropiación directa o indirecta” de las plantas privadas, pues el gobierno no va a asumir ningún título o derecho de propiedad sobre ellas.
Reforma no discrimina a inversionistas, aseguran
Por su parte, Almudena Otero de la Vega, abogada de Litigios Estratégicos en la Coordinación de Asuntos Contenciosos de la CFE, aseveró que la iniciativa no discrimina a los inversionistas extranjeros ni favorece a los de un país en particular.
“Los inversionistas extranjeros cuentan con las mismas oportunidades para generar electricidad y competir en el mercado que los privados mexicanos. Ambos están en circunstancias similares para competir en el 46 por ciento disponible en la inversión privada y se les aplicará el mismo marco jurídico”.
Otero de la Vega destacó que la reforma establece los principios esenciales en los cuales se basarán las leyes secundarias, como la seguridad energética, la seguridad nacional, el abastecimiento continuo de la energía eléctrica, el manejo directo por parte de la CFE del Sistema Eléctrico Nacional y la reivindicación del área estratégica de la electricidad como una unidad inseparable.
Jiménez Vázquez añadió que la reforma energética del 2013 es “un proyecto fallido e insostenible”, por lo que es necesario “recuperar el principio básico de la seguridad energética” para garantizar el abasto de electricidad a toda la población como un derecho constitucional.
“Generará desconfianza de inversionistas”
En contraposición, Ana López Mestre Martínez, directora General en American Chamber of Commerce of México, acusó que la reforma contempla cancelar permisos y contratos sobre los se hicieron “inversiones muy importantes, esto no sólo genera desconfianza entre los inversionistas, sino que afecta legalmente los derechos de las partes”.
“Compromete la transición energética y la integración de las cadenas de suministro porque si se limita la inversión del sector privado en renovables, se limita también la posibilidad de que México alcance la meta de generar 35 por ciento de energías limpias para 2024”, agregó.
Para ella, la iniciativa si contraviene el principio de trato no discriminatorio entre empresas del Estado y el resto del mercado, cancela contratos y cambia las reglas establecidas, por lo que es una “expropiación indirecta en términos del T-MEC”.
También advirtió pone a México en riesgo de enfrentar litigios internacionales porque el T-MEC incluye herramientas para proteger a los inversionistas y hacer cumplir las obligaciones de todas las partes.
“T-MEC regula a empresas del Estado”
En tanto, Kenneth Smith Ramos, exjefe de la negociación técnica para T-MEC y socio en AGON, indicó que la reforma “es violatoria del T-MEC” y podría haber represalias comerciales para México.
Aseveró que hay reglas en T-MEC respecto a que las empresas del Estado deben respetar el piso parejo, condiciones comerciales, transparencia regulatoria y no discriminación a favor de los monopolios estatales, añadió.
LPR
