La Pfpnna señaló que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú, “vulneraron los derechos” del niño a quien les permitieron sacar un albergue por un fin semana, pues revelaron sus datos, por lo que inició una investigación.
Este martes, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pfpnna), dependiente del DIF nacional, también dio a conocer que, desde el 15 de enero pasado, pidió al DIF de Nuevo León justificar el “permiso de convivencia familiar” que otorgó al matrimonio para llevarse al niño.
Lo anterior, luego de que, desde el fin de semana, causaron polémica las fotos que Rodríguez Cantú compartió en su redes sociales del menor “Emilo” bajo su cuidado y el de su esposo.
De acuerdo con la influencer y empresaria, ella y el gobernador obtuvieron un “permiso de convivencia familiar” para sacar al niño del refugio público “Capullos” y llevárselo a su casa durante el fin de semana.
Al respecto, la Pfpnna aclaró que la legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que “no existen adopciones temporales”, como se ha llamado en algunos medios de comunicación al acto del matrimonio.
También remarcó que, al mostrar en video el rostro del menor, revelar su nombre e incluso enfermedades que padece, lo cual se difundió con amplitud en redes sociales, “existe una clara vulneración de derechos a la intimidad y a la protección de datos personales.
Piden a NL emprender acciones y buscan diálogo
La Pfpnna dio 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para remitir la información solicitada, por lo que una vez recibida y realizado el análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes.
También le solicitó que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño.
Además hizo del conocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) la actuación de algunos medios de comunicación en el caso, para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
Aunado a lo anterior, aseguró que emprenderá un diálogo con las autoridades competentes del estado de Nuevo León para revisar su normativa de adopción, con el fin de impedir prácticas que atenten contra la salud emocional y el sano desarrollo de los menores de edad.
Aunque el albergue del que sacaron al menor no depende del Sistema Nacional DIF, la Procuraduría federal actuó “con base en la competencia concurrente entre federación y entidades federativas, dispuesta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.
Adopción es derecho de menores, no de adultos
En cuanto al proceso de adopción, el DIF nacional sostuvo que no es un derecho de las personas adultas, sino que permite la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, “quienes son la prioridad en todo momento”.
Recordó que es necesario que toda persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el DIF nacional, los DIF estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Agregó que, en caso de que el cuidado alternativo brindado al niño involucrado haya sido un “acogimiento familiar”, también deben observarse los requisitos, como presentar una solicitud, valorar la idoneidad de las personas solicitantes, determinar la certificación y sujetarse a supervisión durante el tiempo que se brinde el acogimiento.
LPR
