El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtió riesgo de impunidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa por la el retiro de órdenes de aprehensión por parte de la FGR, así como la reserva de información por parte del Ejército.
A un día de que termine su mandato en México, los integrantes del GIEI ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer su tercer y último informe, así como para revelar que pidieron una prórroga de al menos un mes para analizar las nuevas pruebas de caso y anomalías en la investigación.
Denunciaron que el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, rompió los acuerdos generados para la creación de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (Ueilca).
Por ejemplo, ante la negativa de peritos a analizar archivos de audio donde aparecen personajes públicos asociados a tortura, las cuales tuvieron que realizar expertos extranjeros.
Además el 16 de agosto se comisionó a un ministerio público que por falta de conocimiento del caso no incluyó pruebas para lograr la orden de aprehensión en contra del exprocurador general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam.
Del mismo modo, consideraron una intromisión el hecho de que ministerios públicos externos a la Unidad Especializada cancelarán 21 de las 83 órdenes de aprehensión que ésta había logrado, 16 de las cuales eran en contra de miembros del ejército, para lo cual no se ofreció ningún fundamento.
Lo anterior llevó a la renuncia del fiscal de la Ueilca, Omar Gómez Trejo, lo que en palabras de Angélica María Buitrago, miembro de la GIEI, significa un atraso de tres a cinco años en la obtención de la verdad.
Ya que el mandato de la GIEI termina este viernes 30 de septiembre, se solicitó un mes de prórroga para terminar el análisis de las pruebas obtenidas de capturas de pantalla y pasar la información a una instancia que dé seguimiento sin que esto represente represalias en contra de los investigadores.
“El GIEI ha pedido, porque mañana termina nuestro mandato, una prórroga de un mes para poder tener una evaluación de las pruebas que se han solicitado sobre las capturas de pantalla para poder, también para poder tener una evaluación de lo que está pasando en la Fiscalía y en qué momento va a quedar eso, porque depende de eso los pasos que hay que dar en el futuro” declaró Carlos Martín Beristáin.
El reclamo primordial de la GIEI se centra en la retirada injustificada e infundada de estas órdenes de aprehensión, aunque también se denuncian otras irregularidades como la inexistente aportación de nuevas pruebas al expediente de Murillo Karam, lo que, temen, podría ser razón para que el exprocurador no sea enjuiciado y quede libre.
Militares no respetaron orden de abrir archivos, señalan
Ángela Buitrago, integrante del GIEI, señaló que, pese a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, los acceso a los archivos militares del día de la desaparición de los normalistas “han sido parciales”.
Refirió que, mediante intervenciones telefónicas, el Ejército siguió los pasos de los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 de ellos fueron desaparecidos y presuntamente asesinados por policías municipales, integrantes de Guerreros Unidos y militares.
“Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más, el paradero de los estudiantes y la forma en que fueron trasladados”, sostuvo la investigadora.
Editado por Istfan AC
