Tras llegar a un acuerdo con la familia de la mujer cuya muerte causó al atropellarla en la Ciudad de México, Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad de Puebla y excomisionado de la PF, recobró su libertad este miércoles y salió del Reclusorio Norte.
En audiencia celebrada en la capital del país, la defensa del exfuncionario llegó a un acuerdo con la familia de Estela N, enfermera a quien arrolló con su camioneta en enero pasado en calles de esa entidad.
De esta manera, el juez ordenó retirarle a Rosas Rosas la medida de prisión preventiva y dejarlo en total libertad, apenas dos días después de haber sido recluido en dicho penal capitalino.
El pasado jueves, el Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito ordenó su inmediata libertad del penal de Hermosillo, Sonora, por falta de motivos para imputarlo por su presunta colusión en tráfico de armas a través del operativo “Rápido y Furioso”, ejecutado cuando era comisionado de la extinta Policía Federal (PF) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, el sábado pasado, cuando salía del Cefereso de Hermosillo, agentes de la la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio culposo en agravio de la mujer que arrolló en enero.
En audiencia celebrada el lunes, un juez de control en la Ciudad de México le dictó la medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Norte, pero este miércoles ya está libre.
En Puebla, piden imputarlo por Chalchihuapan
Facundo Rosas ha sido señalado por casos de abuso policial y presunto tráfico de armas durante su paso por las administraciones de Calderón Hinojosa, donde colaboró con Genaro García Luna, y del difunto Rafael Moreno Valle, en Puebla.
El pasado martes, Elia Tamayo Montes, madre del adolescente muerto durante la represión a pobladores de Chalchihuapan en 2014 pidió el apoyo del gobernador Miguel Barbosa para que la FGE avance en la reapertura del caso y proceda contra Rosas Rosas y Víctor Carrancá Bourguet, exfiscal estatal.
La mujer busca que a estos dos exfuncionarios se les impute por los delitos de homicidio, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas tras el operativo contra una manifestación en la autopista a Atlixco hace 8 años.
LPR
