La expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 fue decretada por el entonces presidente, Lázaro Cárdenas del Río, luego de que las empresas extranjeras, que se apropiaron de la industria, no quisieron cumplir con las demandas de los trabajadores.
Desde finales del siglo XIX e inicios del XX, el petróleo se constituyó como uno de los energéticos más importantes del mundo y en México, que había pasado por una revolución que duró diez años, eran las firmas estadounidenses y anglo-holandesas las que explotaban el recurso.
Del total, Shell manejaba el 60 por ciento de la producción, mientras que Standard Oil tenía 18 filiales, además de la presencia de Cities Servicies y Consolidated Oil.
A causa de la inestabilidad política y el consentimiento de los gobiernos posrevolucionarios, las petroleras actuaron con total libertad, imponiendo condiciones laborales injustas, afectando el medio ambiente y explotando el combustóleo sin límites.
Lo anterior, a pesar de que en la Constitución de 1917 ya se planteaba que los recursos del suelo y subsuelo de México pertenecía a la nación.
En 1934 llega Cárdenas a la presidencia
En ese contexto, Cárdenas del Río asumió como presidente de la República en 1934, teniendo como una propuesta el fortalecimiento del papel del gobierno en la economía y en un escenario donde muchas demandas de la Revolución no habían sido realizadas o estaban incompletas.
En los primeros años de gobierno del general, existieron diversos conflictos entre obreros, quienes pedían un mejoramiento en sus condiciones, y las empresas, que hicieron caso omiso a las demandas.
La constante negativa de las petroleras a renegociar los contratos colectivos, llevó a los trabajadores a realizar huelgas, movilizaciones en ciudades productoras de crudo y en general acciones para que sus exigencias fueran cumplidas.
Como consecuencia, en 1935 se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (Stprm), se adhirió a la CTM y en un año ya contaba con 20 mil afiliados.
Obreros pedían jornada laboral de 40 horas a la semana y jubilación
Lo anterior conllevó a que los obreros petroleros pudieron negociar de manera conjunta con las empresas extranjeras, demandando una jornada laboral de 40 horas a la semana, jubilación, pago salarial durante enfermedades, indemnizaciones por muerte o incapacidad, entre otras.
Las firmas rechazaron las peticiones y en octubre de 1937 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunció un laudo, reconocido por la Suprema Corte, donde exigía el cumplimiento de las demandas obreras, el cual de nueva cuenta fue omitido, por lo que las petroleras fueron declaras en rebeldía.
Ante amenaza de huelga nacional, Cárdenas nacionaliza petróleo
Ante la amenaza de los trabajadores de estallar una huelga nacional que conllevaría a la paralización de la producción de gasolinas y petróleo, el presidente Lázaro Cárdenas tomó la decisión de decretar, el 18 de marzo de 1938, la nacionalización de todas las empresas petroleras.
Fueron expropiados edificios, máquinas, oleoductos, refinerías, tanques, estaciones y todos los bienes que las empresas extranjeras tenían en territorio nacional.
Aunque las petroleras iniciaron campañas de desprestigio contra el gobierno, asegurando que no contaba con la capacidad para explotar el crudo, debido a la falta de técnicos, la nacionalización dio recursos importantes al país para su posterior desarrollo y actualmente sigue formando parte significativa de la economía nacional.