Desde 2018, autoridades federales, estatales y municipales no han vigilado el cumplimiento de los derechos al acceso al agua, salud y al desarrollo urbano sustentable de los habitantes de La Colorada en Sonora, que han sido afectados por el proyecto Unidad Minera.
Así lo señaló la CNDH quien dirigió la recomendación 07/2022 a las titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González; la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier Carrillo; a la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Blanca Alicia Mendoza Vera; al gobernador constitucional de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y los integrantes del ayuntamiento de La Colorada.
Explicó que la Semarnat no evaluó de manera integral el Proyecto Unidad Minera La Colorada; tampoco consideró los impactos acumulativos y sinérgicos de las actividades extractivas en el municipio en relación con la población y los factores ambientales y sociodemográficos.
Mientras que la Secretaría de Economía no atendió el principio de debida diligencia para llevar a cabo las inspecciones necesarias, en caso de tener conocimiento de posibles afectaciones a la legalidad, como ocurrió respecto de las actividades mineras dentro de La Colorada.
Deficiente suministro de agua
Por su parte, la Profepa atendió de manera deficiente las denuncias que se le presentaron en el caso de La Colorada; y el gobierno estatal de Sonora no emitió un Ordenamiento Ecológico Territorial, o bien un Plan Director de Desarrollo Urbano, que son fundamentales para la gestión de usos de los suelos y protección ambiental, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Además, el gobierno municipal de La Colorada no elaboró, junto con el gobierno estatal, un Ordenamiento Ecológico Territorial o un Plan de Desarrollo Municipal que contemple la zonificación adecuada; y es responsable del deficiente suministro del agua potable en esa zona, el cual no cumple con los criterios internacionales en materia de salud y derechos humanos.
Ante lo ello, la CNDH exige a la Semarnat transparentar a los habitantes de La Colorada la Manifestación de Impacto Ambiental, así como la autorización del Proyecto Unidad Minera; a la SE le exige verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Minera en los lotes amparados por las concesiones otorgadas para las actividades mineras del lugar; a la Profepa le pide verificar los términos y condicionantes previstos por la autorización en materia de impacto ambiental y que se determine los posibles daños en los ámbitos administrativo e incluso penal.
Finalmente, al gobierno de Sinaloa y al ayuntamiento de La Colorada les solicita realizar un diagnóstico sobre las viviendas afectadas y sobre el centro de población identificado como zona de riesgo, así como sobre la calidad del aire de la zona, con objeto de adoptar las medidas de atención, seguimiento y prevención que se consideren pertinentes.
