De 129 mil contratos registrados en Compranet por adquisiciones y obras públicas al 30 de septiembre de 2022, por 425 mil millones de pesos, sólo el 33 por ciento se realiza por adjudicación directa, por lo que hay una tendencia hacia la licitación.
Así lo señaló Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), al reanudar su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados como parte de la glosa al Cuarto Informe de Gobierno.
Sobre los contratos del gobierno federal, el funcionario remarcó que, por ley, el gobierno federal busca las mejores condiciones para el Estado en el caso de las adquisiciones públicas, y señaló que la invitación a cuando menos tres proveedores, los contratos marco y la consolidación de compras se realizan con un rigor metodológico.
Para verificar que las adjudicaciones se realicen de manera correcta, hay 221 Comités de Adquisiciones en la Administración Pública Federal, así como 122 comités de obras y de que hay un total de 243 Comités de Control y Desempeño Institucional en todas las instituciones gubernamentales; la SFP está atenta al trabajo de todos estos órganos y asiste a ellos.
Señaló que también se cuenta con las bitácoras electrónicas de Seguimiento a Adquisiciones (BESA) y a Obra Pública (Besop), que verifican el desarrollo y cumplimiento de los contratos. Además, arriba de ciertos montos hay Comités de testigos Sociales, y órganos de fiscalización externos, que son firmas especializadas que revisan las compras públicas.
Afirmó que también se han conformado 62 mil contralorías sociales, con más de 200 mil integrantes, que vigilan el presupuesto público.
Expuso que de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2019 se ejercieron 5.5 billones de pesos, de los que el órgano auditor observó 44 mil millones de pesos, es decir, 0.8 por ciento del presupuesto ejercido.
En 2020 se ejercieron 5.7 billones, la muestra revisada fue de 4.5 billones y lo observado fue de 21 mil mdp, es decir, el 0.4 por ciento, y en 2021, de 6 billones 300 mil se observaron 2 mil 135 mdp, es decir, el 0.03 porciento. Estos datos nos dicen que los controles están funcionando.
Por otra parte, expuso que se está construyendo el Sistema Nacional de Fiscalización, en conjunto con las contralorías estatales y municipales, para establecer el control de los tres órganos de gobierno, y la Auditoría Superior de la Federación realiza lo propio con los auditores estatales.
Van 2,552 funcionarios sancionados en 2022
En cuanto al combate a la impunidad, afirmó que del 1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022 se han sancionado 2 mil 552 personas servidoras públicas, lo que representa el 0.2 por ciento del total de personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo, lo que es producto de la honestidad de la mayoría de todos los trabajadores públicos y del sistema de controles, para vigilar un presupuesto de 6.6 billones de pesos.
A ello ayuda la ciudadanía, a través de las 29 mil denuncias que ha presentado, de las que 20 mil se encuentran en investigación y de las que se han concluído 8 mil. Asimismo, el sistema de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción ha recibido 6 mil 523 alertas, de las que el 83 por ciento no tienen indicios para iniciar las investigaciones, pero el resto 17 por ciento es valioso porque permite iniciar las investigaciones correspondientes.
Sobre Segalmex, el secretario Salcedo Aquino reiteró que en la SFP se tienen 661 expedientes de investigación y se han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República.
LPR
