La denuncia que presentó Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, contra Alejandro Gertz Manero por uso faccioso de su cargo como titular de la FGR podría desembocar en la separación y salida anticipada de este funcionario.
Este fin de semana, el conflicto político entre Scherer Ibarra y Gertz Manero escaló cuando el otrora abogado de Palacio Nacional acusó al fiscal general de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la propia Fiscalía General de República (FGR).
De acuerdo con carátula de la denuncia, que fue difundida incluso por medios públicos, también se acusa a Juan Ramos López, fiscal de Control Competencial y segundo al mando de la FGR, así como a Adriana Campos López, fiscal de Asuntos Internos, Manuel Granados Quiroz fiscal de Asuntos Especiales, y la ministerio público María Eugenia Castañón Osorio.
La revista Proceso reveló que Scherer Ibarra acusa de extorsión, lavado de dinero y delincuencia organizada a cuatro abogados que han laborado en los mismos despachos que el exconsejero jurídico de la Presidencia.
Estas es la primera denuncia hecha pública que involucra a los mandos más altos de la FGR, comenzando con Gertz Manero y Ramos López, su mando derecha.
De abrirse una carpeta y comenzar las diligencias, tanto el fiscal general como el de control competencial tendrían que separarse del cargo o podrían ser acusados de obstruir las investigaciones.
Si ocurre así, el Senado de la República deberá proceder a nombrar a un fiscal que cumpla los seis años que le restan al periodo de Gertz Manero.
Otro escenario es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ejerza su facultad de remover al fiscal general y pedir al Senado de la República que ratifique su decisión, como lo establece el artículo 102 constitucional y la Ley del FGR.
LPR
