La Defensoría Pública Federal tomó a su cargo los casos de 200 internas del penal Santa Martha Acatitla, para promover que jueces revisen la situación de las que tienen más de 2 años en prisión preventiva, a fin de que el MP justifique la medida o queden en libertad.
Lo anterior, como parte de cinco medidas que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se comprometió a implementar para responder a las peticiones de mujeres tras su visita a dicho centro penitenciario, ubicado en la Ciudad de México, el pasado 11 de mayo.
El miércoles, en su conferencia de prensa semanal, recordó que existe un criterio emitido por la Primera Sala de la SCJN para que, tras 2 años de prisión preventiva, esta debe ser revisada y el Ministerio Público tiene que acreditar las razones que justifiquen dicha medida preventiva.
“En todos los asuntos defendidos por abogados y abogadas de la Defensoría Pública Federal, promoveremos para abrir incidentes en los cuales se revise la prisión preventiva de cualquier persona que tenga más de 2 años en prisión”, expuso.
También se emitirá un acuerdo para concentrar, en dos o tres juzgados de distrito, los amparos indirectos en contra de la determinación de prisión preventiva justificada, a fin de establecer reglas y lineamientos sobre qué elementos deben tomar en cuenta los jueces para decretar prisión preventiva.
Otra medida es seguir con litigios estratégicos a través del Instituto de Defensoría Pública, pues han dado resultados extraordinarios.
Asimismo, la SCJN prepara un programa piloto para la defensa de mujeres y hombres indígenas en Oaxaca y Chiapas, a fin de determinar cuál es la situación de dichas personas en procesos locales.
De ser viable, propondría a los gobernadores de estos dos estados celebrar un convenio para que la defensoría pública federal auxilie a mujeres y personas indígenas en asuntos locales.
LPR
