La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que de 2010 a 2014 en Aguascalientes “existió una práctica sistemática de tortura y malos tratos”, realizados desde la entonces PGJ.
Así lo refirió en su documento “Hasta perder el sentido: Informe sobre la práctica de actos de tortura y malos tratos en Aguascalientes entre 2010 y 2014”, donde expresó que dichos actos fueron ejecutados por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y “otras instituciones estatales”.
Indicó que las conclusiones del documento se basaron en los casos documentados de al menos 40 personas, 33 hombres y siete mujeres, además de que recibió alegaciones creíbles de decenas de personas.
Mencionó que “en Aguascalientes se implementaron políticas de procuración de justicia incompatibles con los derechos humanos… en el contexto de una narrativa oficial de aumento de la violencia y la justificación del uso del arraigo, que funcionó como un mecanismo para ejecutar, continuar y ocultar los actos de tortura y malos tratos”.
Aseveró que a la fecha ninguna persona relacionada con la práctica de la tortura ha sido procesada o sancionada, mientras que las víctimas que se incluyen en el informe están presas, con sentencia o recursos sin ser resueltos.
Destacó que “el Informe incluye un apartado amplio de recomendaciones dirigidas a reparar en forma integral a las personas sobrevivientes de tortura e investigar este delito de oficio y de forma pronta, imparcial, independiente, exhaustiva y con pleno respeto del debido proceso”.
