El informe de la Comisión de la Verdad en Colombia sobre el conflicto armado en ese país, que reportó un saldo de 800 mil muertos en 33 años, “abre caminos” para un documento semejante en México, donde se dará a conocer de manera presencial.Así lo señaló Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), en una carta dirigida al padre Francisco De Roux, presidente de la comisión colombiana, para reconocer el trabajo de esta.
Recordó que, en caso mexicano, un decreto presidencial creó, en 2021, una Comisión de la Verdad para restituir a las víctimas, a los familiares y a las personas sobrevivientes de las violaciones a los derechos humanos ocurridas de 1965 a 1990, de la cual él es presidente.
“El informe presentado hoy por la Comisión de la Verdad en Colombia nos abre caminos de posibilidad reales para acceder a la verdad, la justicia y la reparación. Lo hacemos nuestro, en el espíritu de buscar la reconciliación en toda la región”, resaltó.
Asimismo, agradeció a Colombia por elegir a México como uno de los países en donde darán a conocer los contenidos del informe final de manera presencial.
El informe de la comisión colombiana, presentado este martes, estableció que el conflicto armado interno entre el Ejército y guerrillas, tanto de derecha como de izquierda, dejó unos 800 mil muertos y 210 mil personas desaparecidas, de 1985 a 2018.
Piden extender el periodo de comisión mexicana
Por otra parte, el Comité de Familiares de Desaparecidos “Hasta encontrarlos” planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador extender hasta la “actualidad” el periodo de investigación de la Comisión para la Verdad encabezada por Encinas Rodríguez.
Lo anterior, a propósito de los casos de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes sufrieron desaparición forzada en mayo de 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y con el fin de garantizar verdad y justicia para todas las víctimas.
También afirmaron que está pendiente el compromiso del subsecretario de Gobernación para gestionar el desistimiento del amparo interpuesto por Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Fiscalía General de la República (FGR).
LPR
