La CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares a la Guardia Nacional y al gobierno de Sonora, para el periodista Jorge Morales Borbón y su familia. Luego de que el comunicador fuera amenazado a través de redes sociales.
Ante estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició la investigación del caso luego de que tuvo conocimiento de las intimidaciones atribuidas a un particular y que quedaron registradas como evidencia en los medios digitales; por lo que a fin de brindar atención y seguimiento se estableció inmediata comunicación con el agraviado para conocer los pormenores de la agresión.
Se solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, la incorporación de Morales Borbón y su familia, tomando en consideración el nexo directo con la actividad periodística que realiza.
El organismo nacional señaló que es preocupante la problemática que enfrentan periodistas y comunicadores en territorio nacional, ya que la libertad de expresión, de prensa y de acceso a la información, constituyen los pilares fundamentales, junto con el derecho de las audiencias, para el fortalecimiento de las sociedades democráticas.
Condena violencia en municipios de Chiapas
En otro tema, la CNDH condenó la violencia que prevalece en los municipios de Aldama y Chenalhó, en el estado de Chiapas.
Recientemente, los hechos de violencia con armas de fuego, fueron perpetrados la mañana del domingo 9 de enero del año en curso, en donde se informó que fue herido el señor Javier Hernández de la Torre, indígena tsotsil, habitante de Aldama, Chiapas.
Mediante acuerdo de atracción, firmado por la presidenta de este Organismo Nacional, Rosario Piedra Ibarra, se ejerció la facultad de atracción del caso del conflicto armado en ambos municipios, por lo que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para proteger, defender y garantizar el ejercicio de derechos a las víctimas.
Asimismo, exhortó al gobierno del estado de Chiapas a garantizar el derecho humano a la vida de las personas de las comunidades de Aldama y Chenalhó, a preservar el Estado de Derecho y a realizar con eficiencia e imparcialidad las investigaciones que permitan ubicar y procesar a los probables responsables de estos hechos
