Tras año y medio de litigio, el gobernador saliente de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, libró la prisión y mantendrá su fuero, pues la Suprema Corte invalidó la orden de captura en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Este miércoles, la Primera Sala aprobó por unanimidad los proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas, que impugnó el desafuero y la orden de captura en la legislatura pasada, en la cual la mayoría de los legisladores eran afines al mandatario.
En la primera demanda, el Legislativo local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra de Cabeza de Vaca.
Al respecto, los ministros reconocieron la validez de la declaración de procedencia, pero establecieron que se trata de un pronunciamiento que no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal del gobernador
Señalaron que, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, en el procedimiento para retirar el fuero a un mandatario intervienen la Cámara de Diputados y, luego, el Congreso estatal correspondiente.
Este decide, en última instancia, si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante su cargo.
Orden de captura vulnera a Congreso local
En el segundo caso, el Congreso tamaulipeco controvirtió la solicitud orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), y la emisión de la misma por parte de un juez penal en contra García Cabeza de Vaca.
Los magistrados determinaron que ambas autoridades vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el gobernador es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales.
Sostuvieron que el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que los legisladores locales determinen que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito.
Así, concluyeron que la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucional del Congreso y declararon su invalidez.
LPR
