La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal, denominada “Ley Ingrid”, que sanciona hasta con 10 años de cárcel a funcionarios y ciudadanos que difundan fotos, videos o cualquier material de víctimas de violencia de género o procesos penales.
Este miércoles por la noche, el dictamen que modifica el artículo 225 de dicho ordenamiento, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, quedó aprobado por unanimidad de 470 votos de todas las bancadas.
La minuta, que fue enviada al Senado de la República, establece en la fracción XXIX que los servidores públicos cometen delitos contra la administración de justicia en lo siguientes casos
“Cuando (…) fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”.
A quien sea hallado responsable, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.
Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
En tribuna, diversas diputadas recordaron que la reforma tomó su nombre del caso de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años asesinada por su pareja en febrero de 2020 en la Ciudad de México. Policías capitalinos difundieron fotos de su cuerpo en redes sociales, lo cual desató protestas incluso contra los medios que las replicaron.
LPR
