Un juez federal concedió a una decena de empresas gaseras una suspensión definitiva contra la estrategia del gobierno federal que privilegia los contratos con Pemex y CFE; la Secretaría de Energía (Sener) apelará la resolución, que considera ilegal.
Este lunes, trascendió que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, admitió las demandas de amparo de dichas compañías y ordenó que no se les apliqué la estrategia federal.
Las empresas demandantes son Tractebel GNP, Natgasmex, Tamauligas, GDF Suez México Comercializadora, Consorcio Mexi-Gas, Tractebel Digaqro, Tractebel DGJ, Engie San Miguel de Allende, Energía Natural Peninsular y GE Gaseco Gnv Región Golgo, según información de Forbes.
Estas empresas buscan que se aplique el oficio del pasado 14 de junio, donde la Sener instruyó al Cenagas y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) implementar una estrategia a favor de las empresas productivas del Estado, pero principalmente para la CFE, para dar prioridad en el servicio de transporte a quienes cuenten con contratos con la comisión o sus filiales.
En respuesta, la Sener sostuvo que el control y la planeación en materia de hidrocarburos son facultades exclusivas del gobierno federal, por lo que los criterios que se emitan como parte de la política energética, son observados y coordinados en conjunto con los diferentes organismos del sector energético, tal como lo establece la Constitución.
“Es importante mencionar y recordar que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que la autonomía técnica y de gestión de la Comisión Reguladora de Energía, no es absoluta, en el sentido de que sigue siendo un órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal y por tanto forma parte de los organismos que componen el sistema de hidrocarburos”, señaló.
En este sentido, interpondrá un recurso de revisión y va a apelar dicha resolución, pues consideran ilegal la sentencia interlocutoria dictada dentro del juicio de amparo 254/2022, 255/2022, emitida por dicho juzgador.
LPR
