El presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró en contra de eliminar la prisión preventiva oficiosa, pidió que en su lugar se revise el funcionamiento del sistema de defensoría de oficio para evitar casos de negligencia y burocratismo.
Durante su habitual conferencia matutina, el presidente se declaró en contra de la propuesta que será votada próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual pretende eliminar la prisión preventiva oficiosa al considerar que atenta contra los derechos de los sospechosos.
Respecto a la problemática persistente de que la prisión oficiosa se extienda sin que exista condena, mencionó que se debe a “corrupción, negligencia, burocratismo o por falta de abogados que defiendan a los pobres”, es decir, al mal funcionamiento del poder judicial y el sistema de defensoría de oficio.
Dijo que es su intención que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se ocupe de atender casos de injusticia para liberar a inocentes que se encuentran en esta situación, pues:
“Hemos intentado hacerlo a través de gobernación, incluso hasta con decretos para permitir la salida de gente que está enferma, que lleva años sin sentencia, delitos que no tienen que ver con crimen organizado o corrupción”.
Sobre la iniciativa de la SCJN declaró que “es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olviden, delincuentes de cuello blanco” y que dejar la decisión de aplicar esta medida cautelar en manos de los jueces puede provocar corrupción e inseguridad para ellos.
Es necesario mencionar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar para garantizar que el sospechoso no huya del proceso de justicia o atente contra las víctimas; es directa, automática y obligatoria por lo que no requiere un debate previo entre los impartidores de justicia para decretarla, pero solo aplica para ciertos delitos.
Por Mariam Rojas
