La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, una reforma a la Ley General de Salud, a fin de establecer que el Estado priorizará el acceso universal y equitativo a la salud mental y la prevención de las adicciones con consentimiento informado.
Este martes, el decreto quedó avalado con 471 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. En lo particular, se aprobaron los artículos reservados con 358 a favor, 107 en contra y cero abstenciones. Así, se envió al Ejecutivo para que lo promulgue.
Con esta nueva legislación, la salud mental y la prevención de adicciones tendrán serán prioridades para las políticas de salud y deberán brindarse conforme a la Constitución federal y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Remarca que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación por origen étnico, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física y las características genéticas.
También se prohibe la discriminación por la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad y la expresión de género, la filiación política, el estado civil, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y busque anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El propósito de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
Establecer consentimiento informado
En su nueva redacción, la ley define el consentimiento informado como la conformidad expresa de una persona, manifestada por escrito, para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud.
Agrega que todos los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera accesible, oportuna y en lenguaje comprensible, información veraz y completa sobre los beneficios y riesgos esperados, y las alternativas de tratamiento.
En situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento, en un momento específico, por ningún medio y no exista un documento de voluntad anticipada, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario.
Menores de edad
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, el dictamen indica que los prestadores de salud deben implementar los apoyos y ajustes razonables, para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación de las intervenciones que se les aplicarán.
Previamente, la Cámara de Diputados desechó la reserva al artículo 51 Bis 2 propuesta por el diputado panista Gabriel Quadri de la Torre, quien planteó establecer la obligación de consentimiento de los padres y autorización judicial para aplicar tratamientos a menores de edad.
El pasado jueves, Quadri de la Torre propuso su reserva enfatizando su posición en contra de los tratamientos hormonales para personas trans, pues, para él, estas padecen un trastorno mental.
Estas aseveraciones del diputado panista generaron señalamientos en su contra por repetir un discurso transfóbico, toda vez que, desde 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió que disforia de género no es una enfermedad mental.
LPR
