Este 8 de febrero, se cumplirán diez años de que el Poder Legislativo federal no ha emitido una Ley General de Aguas, como lo obliga la Constitución, por lo que organizaciones pidieron a la Segob instalar un grupo de trabajo que retome el proyecto.
En conferencia de prensa, Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, recordó que el 8 de febrero de 2012, México reconoció en su Constitución política, el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a partir de la al artículo cuarto.
La reforma obliga al Legislativo a emitir un Ley General de Aguas, pero han transcurrido diez años y “la omisión para emitir una Ley General de Aguas ha sido ya señalada” en reiteración, el 24 de enero pasado, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sostuvo que, bajo la obsoleta Ley de Aguas Nacionales (LAN) salinista de 1992, el país sufre “una grave” inequidad en el acceso al agua, mientras que la contaminación, el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción impune campean en la gestión actual del agua.
Afirmó que, este 2022, Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y las ciudades de la frontera norte sufrirán una grave escasez, por la falta de lluvias y debido al mal diseño, planeación y manejo así como la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, y políticas dispersas que imponen los grandes intereses.
Semarnat y Conagua, “atadas de manos”
En este tenor, recordó que Pedro Arrojo Agudo, relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, afirmó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cabeza de sector ambiental y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están “atadas de manos” por la LAN, que les impide corregir la actual privatización de algunos sistemas municipales, el mal manejo de concesiones, y grandes obras hidráulicas, así como el acaparamiento de derechos en los distritos de riego; con la finalidad de lograr la gestión para el acceso equitativo y sustentable en un marco de respeto por los derechos humanos, que marca la Constitución mexicana.
“Estamos a pocas semanas de concluir exitosamente este proceso que solamente puede ser obstaculizado por los grandes intereses que intentan imponer la ambición de usar el agua para el lucro con agendas dictadas por los aguatenientes y los promotores de megaproyectos de muerte al servicio de las trasnacionales”.
Señaló que este es el caso del diputado Mario Mata Carrasco del PAN, “provocador del conflicto La Boquilla y promotor de la separación del estado de Chihuahua de la Federación”, quien intenta dar borrón y cuenta nueva a 100 meses de construir consensos, para iniciar de la mano de los grandes intereses una nueva versión de la caduca LAN con discursos amañados que buscan generar confusión, traicionando las necesidades de más de un centenar de millones de mexicanas y mexicanos.
Por ello, exhortaron al secretario de Gobernación (Segob) federal, Adán Augusto López Hernández, como enlace del poder Ejecutivo con el Legislativo, a instalar un grupo de trabajo que retome el proyecto de dictamen de Ley General de Agua ya consensuado, con el objetivo de legislar de acuerdo con los valores de la 4T y el mandato del transitorio 3 de la Reforma al artículo cuarto Constitucional que cumple ya una década de omisión.
