La comunidad y ejido de Tecoltemi informó que será el 2 de febrero cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta el amparo contra dos concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, y pidió reconocer que la Ley Minera vulnera los derechos de pueblos indígenas.
A través de un comunicado de prensa, Tecoltemi, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, así como Fundar y el Consejo Tiyat Tlali, detallaron que tras posponer la discusión, programada para el 19 de enero, se decidió que el 2 de febrero será cuando magistrados aborden el tema.
Los afectados señalaron que esperaban que tras posponer la discusión, se modificara la Ley Minera, pues los artículos 6, 15 y 19 fracciones IV, V, VI y XII –consideraron- violan el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de ejidos.
Tecoltemi y las organizaciones explicaron que el proyecto que se analizará el 2 de febrero, ante la SCJN, será el mismo que se decidió posponer, y que está a cargo del magistrado Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Y es que se discutirá si se debe resolver si la Secretaría de Economía federal tenía la obligación de consultar al pueblo indígena de Tecoltemi, pues sin hacerlo otorgó dos concesiones mineras a Minera Gorrión, filial de la minera canadiense Almaden Minerals.
Aunque reconocieron que el proyecto reconoce que fue violado el derecho a la consulta y al consentimiento de Tecoltemi, por lo que se propone cancelar las concesiones mineras de Ixtacamaxtitlán, pero rechaza lo señalado por la comunidad nahua, que la Ley Minera viola el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, así como el derecho a la propiedad de ejidos.
“El proyecto termina enfatizando que conforme al artículo 27 Constitucional, el Estado Mexicano tiene la potestad de entregar concesiones mineras, cuando esto no fue lo que Tecoltemi puso a discusión en el juicio”, se lee en el comunicado.
Y es que Tecoltemi argumenta que aunque las tierras y ejidos indígenas tienen cierta protección constitucional, con la Ley Minera se les quita, pues está decreta que las actividades mineras deben preferirse sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, aun cuando se trate de territorios indígenas.
