Al celebrar que comunidades obtuvieron la suspensión provisional contra el decreto presidencial sobre la ejecución de megaproyectos, en Zacatepec, Juan C. Bonilla, anunciaron que Puebla será sede del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte.
Así lo dieron a conocer, en rueda de prensa, Juan Carlos Flores Solís y Miguel López Vega, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra (Fpdat), quienes anunciaron que el evento se realizará el próximo fin de semana en la Casa Altepelmecalli, -instalaciones de la empresa Bonafont en Santa María Zacatepec, el cual está siendo convocado igual por el Movimiento Agrario Zapatista.
Detallaron que en este ejercicio también refrendarán su postura de oposición al Tren Maya, Gasoducto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico, los cuales, a decir de los defensores, traerán graves afectaciones a la población, porque tienen muchos objetivos dolosos, así como el despojo de tierras.
Agregaron que la intención de este foro es ventilar el rechazo a las “acciones neoliberales” emprendidas por el gobierno federal, porque dicho decreto difundido en noviembre del año pasado, da la categoría de “terroristas” a quienes defienden el agua y la tierra.
En tanto, Flores Solís recordó que el amparo promovido, con el que se logró la suspensión provisional, es parte de 17 recursos que interpuso el Consejo Nacional Indígena el año pasado, que abarcan 11 estados, para que no se pueda ejecutar el acuerdo emitido en noviembre pasado en los que se blindó a los proyectos y sean considerados de seguridad nacional, ante el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió igual una suspensión.
Nueva audiencia, 10 de febrero
Explicó que en el amparo se combatió el decreto en el que se estableció que se podrán otorgar los permisos provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud de las empresas y, en caso de que en dicho plazo no se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo, mismos que podrán continuarlos hasta por un año.
“Esta suspensión es para que no se pueda aplicar aquí este acuerdo ilegal y ofensivo contra los pueblos originarios, deja a un lado la ley para priorizar este tipo de megaproyectos, que como el mismo decreto dice, es por su gran complejidad, es como decir que en cinco días se hubiera dado información sobre el gasoducto, siendo una zona volcánica, eso no es posible”, asentó.
Afirmó que el amparo fue emitido por el juez del Segundo Distrito en Materia Administrativa, por lo que ahora no se podrá decir que si no se da información se tendrán que dar los permisos para megaproyectos, pues eso iría en contra de la libre determinación de los pueblos.
Comentó que el lunes se tenía que llevar a cabo la primera audiencia incidental, pero como no fueron notificadas todas las autoridades involucradas, se pasó para el 10 de febrero, para conocer si se otorgará la suspensión definitiva, la cual duraría el tiempo que se haya establecido en el amparo.
Por su parte, López Vega manifestó que dicho decreto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador va en contra de la lucha que han mantenido como comunidades que rechazan los como el Proyecto Integral Morelos (PIM).
R: DJ
