El activista Ángel Manuel López Rafael acusó dilación de la FGE en la denuncia que presentó contra el ayuntamiento de Jolalpan por haberlo detenido ilegalmente durante 10 horas el pasado 4 de febrero, pues a la fecha “ni siquiera lo han llamado”.
En entrevista, recordó que, tras haber estado encerrado en la comandancia del municipio, con el argumento de que había roto una mesa del Cabildo, interpuso el recurso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Él estuvo en la Sala de Cabildo del 2 al 3 de febrero acompañando a pobladores de Huachinantla, que exigían que se anularan los resultados del plebiscito, pero al no tener una respuesta de las autoridades, decidieron esperar en dicho lugar hasta que fueran atendidos, lo que derivó en que fuera retenido.
El también integrante de la Unión de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla reclamó la dilación en su caso y puso, como contraste que, contra el exauditor Francisco Romero Serrano, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial “actuaron con prontitud”, pues en menos de un mes fue detenido y vinculado a proceso.
Dijo que “se supone” que la justicia debe ser pronta y expedita y por estos hechos que pasaron las autoridades de Jolalpan tendrían que ser revocadas como lo marca la Ley Orgánica Municipal, por lo que cuestionó que si se trata de “meter a la cárcel por causas política al otro día lo hacen”, pero para otros casos no.
“Yo presenté la denuncia cinco días después de los hechos contra todos los integrantes del ayuntamiento, pero no ha pasado nada. Ya van dos meses y nada. Realmente, Estado de Derecho en Puebla no lo hay, eso es lo que se ve”, expresó.
Afirmó que la querella fue contra los integrantes del Cabildo: el síndico, regidores y otros funcionarios porque estuvieron en comunicación con la presidenta municipal, Olga Rosas Parra, por lo que se consideró como un “preso político”, ya que fueron 10 horas las que estuvo retenido sin argumento.
De acuerdo con su narración, alrededor de la una de la mañana ocho policías arribaron a dicho lugar y con prepotencia arrebataron los teléfonos de los presentes, por lo que decidió meterse debajo de una mesa para solicitar la ayuda de Comisión de Derechos Humanos (CDH).
Sin embargo, forcejearon con él causándole lesiones y por medio de empujones y jalones pudieron quitarle su teléfono y llevarlo detenido.
Debe impulsarse “muerte civil” contra corruptos
Por otra parte, López Rafael junto con Víctor Manuel Reyes Cuautle, Alberto Guadarrama Hernández y Rafael Solís Quintero, igual integrantes de la agrupación, consideró que se debería impulsar una ley para aplicar “la muerte civil” a quienes cometan actos de corrupción.
Explicó que esto consiste en que la personas que sea juzgada por este delito en perjuicio de la sociedad y el Estado, se le retiren todos sus documentos legales como credencial de elector, pasaporte, incautación de cuentas bancarias, prohibición para tarjetas crédito y los bienes que haya adquirido pasen a ser propiedad de la nación, además de prisión.
Esto significa en la pérdida de los derechos civiles de un individuo, aun cuando no se ha producido la muerte biológica de éste, por lo que quedaría sin personalidad jurídica, que conlleva la privación general.
“Debería ser para todos los ciudadanos en general que hagan hechos de corrupción, no solo políticos, que queden sin personalidad, que no tenga nada, que nadie sepa quien es, que tenga una muerte civil por aprovecharse de esto”, asentó.
Consideró que para ello podría impulsarse un plebiscito, aunque para ello se necesita una Ley de Participación Ciudadana, en la que los pobladores decidan si una persona acusada de corrupción debería aplicarse este método o solo la sentencia en prisión.
RE: LPR
