La Fiscalía de Argentina pidió una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, señalada de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto de mil millones de dólares.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, afirmó el fiscal Diego Luciani, quien agregó que la sanción incluye la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Asimismo, la expresidenta de Argentina, pidió una ampliación de su declaración indagatoria cuando aún se llevaba a cabo el alegato de los fiscales.
“Los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas“, aseguró.
Del mismo modo, el presidente argentino Alberto Fernández expresó su apoyo a la vicepresidenta a través de un comunicado.
“Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”, publicó en redes sociales.
De acuerdo con la fiscalía, los Kirchner y otros 12 exfuncionarios y empresarios, también imputados, participaron en una red para beneficiar a Lázaro Báez, quien obtenía licitaciones y, de manera paralela, hacía negocios con las firmas hoteleras de la familia presidencial.
El fallecido esposo y antecesor de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, gobernó la provincia de Santa Cruz de 1991 a 2003, año en el que se convirtió en presidente. Desde entonces, Báez, uno de sus amigos más cercanos, comenzó a obtener licitaciones que lo enriquecieron. En total, se quedó con el 78.5% de los contratos de obras viales.
A pesar de haber cobrado su totalidad por las obras, sólo terminó 27 de las 51 licitaciones. En la mayor parte de los casos, con sobreprecios millonarios.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y continuará en las siguientes semanas con las últimas declaraciones de los acusados. Se prevé que, a más tardar en diciembre, los jueces emitirán una sentencia que podrá ser impugnada por los acusados, quienes han negado por completo los cargos.
RE: LPR
Editado por Istfan AC