Los Estados Unidos llegan a la Cumbre de las Américas, a la cual convocaron a partir del lunes en Los Ángeles, sin cumplir sus promesas con México y América Latina para regularizar a migrantes, invertir en el desarrollo e integrar a los países del continente.
Hasta la noche de este domingo, los presidentes de la región aún esperan un programa y lista de invitados por parte del gobierno de Joe Biden para confirmar su asistencia ante la posible exclusión total de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, así como la falta de anuncios sobre acciones relevantes para enfrentar problemas comunes.
Por influencia del Departamento de Estado y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Lemes, la administración estadounidense sostiene la postura de que los gobiernos de dichos países no pueden ser invitados porque surgieron de procesos “antidemocráticos”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, mantiene su posición de confirmar o descartar su presencia hasta que su Washington tome una determinación clara, en lo cual tiene el respaldo del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.
A la inconformidad por la exclusión de mandatarios, se suma la falta de señala claras sobre el cumplimientode de promesas que Estados Unidos tiene pendientes con México y los países latinoamericanos, desde hace al menos dos años, en cuatro sectores: reforma migratoria, inversión en el desarrollo, integración del continente y apoyos para enfrentar la pandemia de Covid-19.
Reforma migratoria parece lejana
Desde que asumió la presidencia, en enero de 2020, Biden planteó un proyecto de reforma para regularizar las estancia, e incluso otorgar la ciudadanía, a 11 millones de migrantes, la mayoría de ellos procedentes de México y Centroamérica.
A dos años y medio, la iniciativa “U.S. Citizenship Act of 2021” no se ha votado en ninguna de las cámaras del Congreso de Estados Unidos, donde los demócratas –el partido de Biden– no han podido llegar a un acuerdo con los republicanos para desbloquearla.
El programa consiste en crear un nuevo estatus temporal de cinco años para los migrantes que superen revisiones de antecedentes y estén al día con sus impuestos. Este permiso les permitiría vivir y trabajar legalmente durante cinco años.
Al terminar este período, los migrantes podrán aplicar para una residencia y permanecer legalmente tres años más en el país mientras reciben la ciudadanía, pero sólo quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes de enero de 2021 podrían optar por legalizar su estatus migratorio bajo esta ley.
En enero pasado, Biden aseguró que tenía el objetivo de firmar un pacto migratorio regional durante la Cumbre de las Américas. De este plan original, ahora sólo ha trascendido que el mandatario revelará un “plan” durante el evento.
Al respecto, resalta que López Obrador no haya hecho comentarios sobre este “plan”, pues desde 2020 ha insistido en que Estados Unidos aumente la asignación de visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, destacando que así puede atender su déficit de mano de obra y hacer frente al crecimiento de China.
El programa consiste en crear un nuevo estatus temporal de cinco años para los migrantes que superen revisiones de antecedentes y estén al día con sus impuestos. Este permiso les permitiría vivir y trabajar legalmente durante cinco años.
Al terminar este período, los migrantes podrán aplicar para una residencia y permanecer legalmente tres años más en el país mientras reciben la ciudadanía, pero sólo quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes de enero de 2021 podrían optar por legalizar su estatus migratorio bajo esta ley.
EU, sin apostar por inversión para desarrollo de Centroamérica
Desde diciembre de 2018, cuando inició la presidencia de López Obrador, los gobiernos de México y de Estados Unidos, entonces encabezado por Donald Trump, se comprometieron a invertir 25 mil millones y 4 mil millones de dólares para el desarrollo de Centroamérica.
El objetivo es implementar programas productivos, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, para apoyar a habitantes de Guatemala, Honduras y El Salvador, a fin de combatir las causas que detonan la migración en masa hacia Estados Unidos.
Terminó la administración de Trump y la de Biden se comprometió a cumplir el compromiso pactado, pero nada concreto ha anunciado desde 2020. En respuesta, López Obrador ha contrastado la inyección de más de 30 millones de dólares para armar a Ucrania ante la invasión rusa en sólo tres meses.
Empresas de EU invierten en proyectos
En cambio, grandes empresas estadounidenses harán inversiones sólo en proyectos concretos. En marzo de 2021, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, anunció nuevas inversiones de capital de 450 millones de dólares por parte de Microsoft y Cargill, PepsiCo, entre otras, para Guatemala y Honduras como medida para frenar la migración centroamericana.
PepsiCo, invertirá en sus plantas en Centroamérica, de 2021 a 2025, 190 millones de dólares y ampliará sus rutas de distribución. Cargill, pondrá 150 millones a lo largo del lustro en apoyo a 19 mil campesinos de Honduras, Guatemala y El Salvador.
La textilera Parkdale Mills construirá una planta algodonera en Honduras para proveer materia prima a sus fábricas de Virginia. Peet’s, compañía cafetera, incrementará 40 por ciento su apoyo financiero a los cafetaleros de la zona.
Mientras que, Microsoft capacitará a 100 mil personas de la región para que puedan conseguir empleos mejor remunerados y expandirá el acceso a Internet a cuatro millones de personas.
Mastercard invertirá 100 millones de dólares para incorporar formalmente al sistema financiero a cinco millones de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras y así abrir las puertas a los micronegocios a la banca en línea.
Demanda de México contra fabricantes de armas para evitar tráfico
El 4 de agosto de 2021, el gobierno mexicano presentó ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, los acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que llega a cárteles de la droga.
El 20 de agosto, la Corte aceptó el litigio en contra de 11 empresas e inició de manera formal el proceso legal. En noviembre, las empresas pidieron desechar la demanda pues carece de fundamento.
El 31 de enero, el gobierno federal presentó documentos de réplica para responder a la petición de las empresas demandadas para que se frene el litigio, donde se incluyó un reporte de expertos legales, que abona al argumento de que el daño ocurrió en territorio mexicano.
Además de un análisis econométrico para establecer el número de armas traficadas en los últimos años y su procedencia.
LPR
Con la colaboración de Laura Ortega
