Delfina Gómez Álvarez, titular de la oficina educativa federal, puntualizaría el 6 de mayo que, “en los dos últimos años” se habría “basificado” a más de 180 mil maestras y maestros. Cifra superior en un 63.36% resultado de compararla con la que se reconocería, se entregaría en la administración de Peña Nieto. El anuncio daría respuesta a una de las demandas más sentidas de las y los trabajadores de la educación con independencia de las organizaciones a las que se encuentran afiliados y que, adicionalmente, forma parte del pliego de demandas 2022 que presentaría en febrero pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Y tan no tiene desperdicio que el Boletín SEP no. 107 Más de 180 mil docentes basificados por la SEP en los dos últimos años, al mismo tiempo en el que daría respuesta a una de las demandas magisteriales, permitiría la comparación del número de bases de trabajo otorgadas al personal docente tanto por la actual administración, como por las entregadas por la anterior; respaldaría al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que daría foro a una lapidaria crítica atribuida -por el mismo boletín- al mandatario de Veracruz: “El desdén por la educación en la época neoliberal tenía intereses guiados por la corrupción“. El color de la nota aludiría al Museo de Ciencia y Tecnología Kaná ubicada en la ciudad de Xalapa; lugar en que se realizaría un evento, que contaría con la asistencia de un sinnúmero de funcionarios acarreados y en donde se entregarían 280 bases a maestros de telesecundarias ubicadas en zonas marginadas del estado de Veracruz de la Llave.
No obstante, los números parecerían no cuadrar, Gracia. Por la forma en la que se presentan, podría presumirse que la SEP al hacer un comparativo de plazas entre las dos últimas administraciones, se referiría a las cifras totales ya mencionadas, como podría desprenderse de las siguientes tres líneas: “Como parte de las acciones para garantizar la revalorización del magisterio nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) basificó a más de 180 mil maestros en los dos últimos años de la presente administración“. Empero, en otros boletines y/o comunicados de la misma dependencia, se aludiría a otros números cuya interpretación dependería del origen de las fuentes de información primarias, que no se citarían en ningún momento.
El comunicado 48-2020 “El SNTE cerrará el año con 400 mil basificaciones de trabajadores de la educación“, fechado el 5 de noviembre del 2020 y responsabilidad de esa central magisterial, afirmaría una cuestión que por lo menos resultaría controvertida, a no ser que Cepeda Salas y sus corifeos, como ¿buenos docentes? presentaran las evidencias para desvirtuar malos entendidos. Las 186 mil plazas otorgadas en dos años de la actual administración más las 110 mil de la anterior arrojarían un total de 296 mil, 104 mil menos que las que presumiera el SNTE. El Comunicado conjunto no. 28 Entrega la SEP y el SNTE más de 44 mil basificaciones para el personal educativo de la Ciudad de México, del 20 de septiembre del 2021, remitiría a las y los lectores a otros datos: “De diciembre de 2018 a la fecha suman 497 mil los trabajadores de la educación del país que ya cuentan con la certeza laboral que les había sido negada”.
Sin embargo y al margen de si las basificaciones fuesen más o menos, (deberían ser entregadas automáticamente una vez cumplidos los requisitos) y del vaivén de las cifras, resaltaría la falta de fuentes de información a las que curiosas o curiosos se remitieran de acuerdo a sus muy particulares intereses. Una aproximación al respecto, la brindaría la publicación del informe 2015 del -extinto- Instituto Nacional de Evaluación Educativa denominado Los Docentes en México; publicación que, a pesar de contar con un capítulo en el que abordarían Las Condiciones Laborales de los Docentes, ignoraría el indicador que permitiría una interpretación más certera al respecto.
La certeza laboral “que les había sido negada” derivaría de varios artículos en diversas leyes; entre ellas, del Artículo 93 del Capítulo 1 del Título Cuarto de la Ley General de Educación que, tras la derogación de la legislación de excepción que doctrinariamente se aplicaría a las y los trabajadores de la educación, tras la reforma educativa del 2013, establecería que a partir del 15 de mayo del 2019, el personal docente estaría sujeto a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; ley que en el transitorio vigésimo determinaría que “Las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de la educación que, al momento de la entrada en vigor de esta Ley, se rigen por el artículo 123 Constitucional Apartado A o B, según corresponda, se mantendrán en esos términos”. Artículo (123 Constitucional) aplicable “a los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza […] en virtud de su nombramiento”, quienes ingresarían después de “pasar por el correspondiente proceso de selección establecido por las propias instituciones” (Artículo 2), por citar solo parte de la normatividad aplicable; admisión al servicio profesional docente que a partir “de julio del 2014” se realiza a través de un concurso que hasta la fecha se encuentra vigente quitando la prerrogativa del otorgamiento discrecional de plazas (venta) al SNTE (50%) y a las autoridades educativas el resto
De tal suerte que la celebración de la entrega tardía de las basificaciones, al margen de lo estipulado por la normatividad aplicable e independientemente de las cuentas alegres a las que recurrirían tanto el Sindicato como las autoridades educativas, remediaría parcialmente el incumplimiento de obligaciones atribuibles al patrón y le evitaría recurrir a subterfugios inventando cuentas Gracia.
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