Borrón y cuenta nueva  

Por cómo se conducen las medidas de política pública en materia educativa Gracia, parecería que Delfina Gómez Álvarez siempre tuvo claro que sería un ave de paso en la SEP y que, al cabo de algunos meses, buscaría construir un nido que le permitiría establecerse por seis años más, como parte de un proyecto que buscaría trascender al sexenio. No obstante, el quehacer de la dependencia continuaría y habría tareas pendientes por realizar; algunas de ellas con carácter urgente. Sobresaldría un encargo que, si no sería obligatorio, sí tendría una base doctrinaria y estaría relacionada con lo que se querría enseñar lo mismo que cómo se quisiera hacer (planes y programas); siempre y cuando la Nueva Escuela Mexicana fuese algo más que una leyenda urbana. 

Ese qué y ese cómo estudiar Gracia, daría pie en la presente administración a una nueva propuesta pedagógica que desecharía, modificaría y/o ampliaría los fines y los principios contemplados en el proyecto original, emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y que se concretaría en nuevos planes y programas de estudio. De ahí provendría una instrucción: “capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios” (Artículo 28, LGE). Del cumplimiento daría cuenta, entre otros boletines SEP, el número 46 publicado el 25 de febrero en el que se señalaría que unos días antes (el 31 de enero), se habrían iniciado foros estatales orientados a maestras, maestros y en los que se discutiría la nueva propuesta curricular. Por cierto, que la palabra “materialismo” se encontraría ausente en la Ley General de Educación, aprobada y publicada hace casi tres años. 

Mientras que las dos tareas descritas (entre ellas la capacitación de maestras y maestros) se encontrarían en proceso, otras harían fila, y, entre éstas últimas, destacaría la solicitud de incremento de techo presupuestal que se mencionaría en el Boletín SEP no. 99 (publicado 28 de abril de 2022). Dicho incremento permitiría que 86 mil escuelas más se incorporasen al Programa La Escuela es Nuestra, tras esbozar que “nuestra meta es que a partir de 2023 pasen de 27 mil escuelas a 113 mil planteles beneficiados, así como de 3.6 millones de alumnas y alumnos a casi 9 millones de estudiantes atendidos”; metas anunciadas a la Junta de Coordinación Política el 28 de abril del presente año, cuando por fin se reuniera con ellos, tras tirarles la plancha en varias ocasiones. La meta, a la que podría enumerarse como la número 3 para efectos de esta carta, se concretaría el próximo 8 de septiembre cuando el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, y la dependencia educativa demuestre que cumplió con lo prometido -a los miembros de la JUCOPO de la Cámara de Diputados– y que habría integrado la ampliación de recursos por 32 mil millones de pesos (que corresponderían al Programa la Escuela es Nuestra) al APEF 2023, de acuerdo a las Disposiciones para la Programación y Presupuestación dictadas el pasado 12 de mayo. Programa que pasaría a ejercer 45 mil millones de pesos en sustitución de los casi 14 mil millones de pesos que ejercería en 2022 y que significarían un incremento porcentual del 321%.  

El aumento sustancial a la partida presupuestaria correspondiente -anticipada a las y los representantes de los partidos políticos que deberían de palomear el anteproyecto federal- daría pie al cumplimiento de otra meta más (la número 4) y que, de acuerdo a Delfina, permitirían que se atendiera mediante este programa (PLEEN) a “8.9 millones de alumnos“. Lo que significaría un incremento del 247% (5.3 millones) que los que se habrían atendido hasta el mes de mayo del ciclo escolar 2021-2022; inferior al crecimiento del presupuesto en 74 puntos porcentuales. El Boletín destacaría en el informe, otras cifras correspondientes al mismo ejercicio; entre ellas, el número de alumnado que pasaría de 3.6 a 4.5 millones de niñas y niños atendidos en 45 mil planteles educativos y que disminuirían el total por alcanzar en 2023 a 4.4 millones de alumnos, cifras que significarían un incremento porcentual de 197.7%, generando confusión al hacer el comparativo. 

Otra cuestión que podría nombrase quinto numeral (inciso 5) derivado del Boletín no. 92 y que estaría bajo la lupa, derivaría de las vertientes alimentación y jornada ampliada que deberían incorporarse al PLEEN, metiendo en bretes a madres y padres de familia, quienes obligados por el ejercicio transparente de los recursos a los que se sometería al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP), deberían decidir el destino del gasto, que por vez primera -algunas por segunda o por tercera- les es asignado, constriñéndoles a dilucidar entre lo importante y lo secundario, pues por alta que fuere la cantidad que el gobierno les otorga no alcanzaría más que para 15 pesos diarios por alumna o por alumno a gastar entre alimentos y pago de compensaciones a docentes, o bien, mantenimiento menor y/o mayor de las escuelas o, en su defecto pago de luz, Internet y a elegir, entre otras menudencias, que deberían complementar, “ahora sí”, con las cuotas obligatorias (llamadas aportaciones voluntarias) que imponen en contubernio direcciones escolares y asociaciones de padres y madres de familia. Sin embargo, si para Delfina procedería un borrón y cuenta nueva, para la Secretaría de Educación Pública las tareas siguen pendientes y la sucesora tendría que, por tratarse de políticas públicas, continuar al pendiente de ellas y del buen resultado que la sociedad esperaría; puesto que ideologizando o sin ideologizar los nuevos planes y programas, lo que se enseña y como se enseña en las instituciones educativas, debería servir a la sociedad sin importar estratos o clases sociales que maneja a su antojo la nueva burocracia dorada.