Ayer en la tarde acompañé a una persona muy querida a la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Ella presentó una denuncia ante la Defensoría por hostigamiento laboral y discriminación por edad y esta instancia universitaria propuso a las partes un acuerdo de conciliación. Las partes accedieron y se redactó un documento que obra en los archivos dela Defensoría.
Esta persona presentó abundantes pruebas de este hostigamiento, pues lo sufre desde hace años, y la pregunta que le hicieron fue ¿por qué no vino antes a presentar la denuncia?
Y yo creo tener la respuesta: porque antes no había una organización de mujeres que la acompañara, que la alentara a defenderse, que la cobijara con su solidaridad, que la sostuviera en estas terribles acciones de tener que denunciar a un funcionario, a sabiendas de que el resultado de la denuncia puede volverse en su contra.
Y es que, como ya lo he mencionado en otra columna, se formó una Asamblea de Mujeres del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP. Esta iniciativa, proveniente fundamentalmente de las alumnas del posgrado en Sociología, fue secundada por alumnas de los posgrados en Ciencias del Lenguaje y de Estudios Socioterritoriales.
Justamente el viernes pasado, en su tercera reunión, la Asamblea discutió la importancia de mantener su independencia respecto a las instancias institucionales creadas para el efecto de atender las denuncias en contra de la violencia de género. La posición de la Asamblea fue muy clara: no vamos a competir ni a enfrentar a estos organismos, pero lo que debe identificar a la Asamblea de Mujeres del ICSYH es su independencia para actuar libremente en favor de las mujeres del propio instituto, y no depender de ningún poder que no derive de la propia Asamblea.
Y creo que hoy estamos viendo sus primeros frutos. Esta persona encontró la fuerza para denunciar y exigir se respeten sus derechos civiles y laborales.
Quisiera mencionar que el trato recibido por parte de la Defensoría fue amable y firme. Actuó en términos de lo que la legislación universitaria le permite, pues aunque la denunciante solicitaba se emitiera un extrañamiento al denunciado, la Defensoría le aclaró que no estaba en sus facultades sancionar, y efectivamente así es. Sólo las autoridades colegiadas y personales tienen esta facultad y si el denunciado reincidiera ya la Defensoría no tendría más que presentar el resultado de su investigación para que las autoridades decidieran qué sanción imponer al infractor denunciado.
Claro que nuestra esperanza es que el denunciado cumpla con lo que se comprometió: a tratar con todo respeto y consideración a una persona con 43 años de antigüedad en la universidad, 17 en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y que le permita desempeñar su trabajo como siempre lo ha hecho. Sin exponerla al escarnio de otros trabajadores que actúan “para quedar bien” con el funcionario del que dependen.
La Defensoría fue muy clara: si hay otros trabajadores que sufren este hostigamiento que presenten sus denuncias. Y tienen razón. Nadie tiene derecho a hacer de tu vida laboral un infierno. Al contrario. El ambiente de trabajo en el instituto siempre había sido de compañerismo y de solidaridad, por lo que tenemos que agradecerle a esta persona que haya tenido el valor de denunciar el acoso laboral.
Este es un ejemplo de la importancia que tiene que los trabajadores y estudiantes tomen en sus manos la defensa de sus derechos, amparados por la legislación universitaria y por las instancias que la propia universidad ha creado para prevenir y castigar los abusos de funcionarios y autoridades que no les guardan ningún respeto a los miembros de su propia comunidad.
¡Claro que podemos transformar a nuestra universidad con la ley en la mano!
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