Las razones de la modificación a la normatividad en la BUAP

En el informe rendido por la doctora Cedillo el martes 4 de octubre mencionó que respecto a las acciones en curso “están trabajando la modificación del Estatuto Orgánico”. La razón ofrecida para justificar tal modificación es que “ya tiene décadas”. Ojalá ésta fuera una razón suficiente para justificar cualquier cambio. Quizá así se decidiera a abandonar el modelo privatizador de la universidad pública iniciado en los años 80 y que hasta ahora sigue vigente.

Cuando argumentas, esto es, cuando ofreces razones para concluir con aquello que quieres demostrar como verdadero, conveniente, adecuado, estas razones deben ser atinentes. En otras palabras, debe haber una relación lógica de implicación entre las premisas y la conclusión.

Como sabemos, el Artículo 1 del Estatuto Orgánico establece “la estructura académica, de gobierno y de administración; los objetivos y funciones de sus unidades académicas, así como los de sus órganos de autoridad y administración, delimitando en este último caso sus facultades y obligaciones; asimismo establece los derechos y obligaciones de los universitarios.” De manera que para justificar su modificación tendrían que demostrar, para cada caso, por qué sería mejor tener algo distinto.

Por ejemplo, en lugar de una estructura académica organizada en escuelas, facultades e institutos tener un conjunto de departamentos, ¿qué ventajas traería este cambio?

¿Suprimir órganos paritarios?

O ¿por qué sería mejor suprimir a los órganos paritarios de gobierno como el consejo universitario, máxima autoridad de la universidad, y a los consejos de unidad académica donde están representados estudiantes, docentes y trabajadores administrativos?

O ¿por qué sería mejor que ni la rectoría ni las direcciones de unidad académica fueran electas sino designadas por una Junta de Gobierno conformada quién sabe cómo?

O ¿por qué sería mejor que las vicerrectorías dejaran de ser las dependencias encargadas de auxiliar a la Rectoría y de propiciar la consulta y el intercambio de opiniones con las autoridades personales y colegiadas para convertirse en árbitros absolutos de todo lo relativo a la docencia, la investigación y la extensión, incluida obviamente la evaluación de docentes para efectos de ingreso, permanencia, promoción, otorgamiento de becas y bonos; y de la evaluación de los estudiantes para efectos de su ingreso, permanencia y egreso?

¿Cómo podría un conjunto de funcionarios designados de manera central determinar todo aquello que compete a los órganos colegiados de gobierno y a las academias de las escuelas preparatorias, las licenciaturas y los posgrados?

Lo más seguro es que salgan a relucir términos como inter y multidisciplinariedad, flexibilidad de los planes de estudios, rutas académicas personalizadas, exámenes departamentales, etc. como si no existieran ya en la universidad estas formas de estudio y de trabajo, puesto que estos rasgos de la docencia y de la investigación surgen del cultivo de las propias disciplinas y de los modos más experimentados de enseñarlas, y no por decreto.

Ejercicio de evaluación

Lo que sí tiene que hacer esta administración, antes de cualquier intento de modificación de la normatividad universitaria vigente, es un gran ejercicio de evaluación del modelo educativo impuesto desde hace décadas. Me refiero específicamente al Modelo Universitario Minerva (MUM) y a su última reformulación.

Pero un diagnóstico genuino no les serviría, pues el objetivo de esta administración no es el mejorar los resultados obtenidos hasta ahora, sobre todo en lo que se refiere a la culminación satisfactoria de los estudios iniciados por los estudiantes, y en la conformación de una planta docente estable, gozando de las ventajas que la propia universidad le debería ofrecer para su profesionalización y su completa dedicación a la docencia y a la investigación.

No, lo que a esta administración le interesa es formalizar y legitimar la verticalidad en la toma de decisiones para evitar cualquier intento de democratización de la vida universitaria, pues la burocracia dorada tiene ya muchos años usurpando las atribuciones y facultades de los organismos colegiados de gobierno.

En su mente corporativa y clientelar sólo pervive la obsesión de controlar y someter a la comunidad universitaria, pues no está dispuesta a que ningún obstáculo se interponga en alcanzar los objetivos que sus propios intereses y beneficios le dictan.
Los estudiantes y los docentes son lo de menos. Con lanzar un programita de ayuda por aquí y otro estímulo por allá es suficiente. Nadie va a pedir más. Que los universitarios “se den por bien servidos”.