Barbosa propone prisión por contratar a policías no certificados en Puebla
Barbosa propone prisión por contratar a policías no certificados en Puebla. Foto: Miguel Barbosa y EsImagen
Barbosa propone prisión por contratar a policías no certificados en Puebla
Barbosa propone prisión por contratar a policías no certificados en Puebla. Foto: Miguel Barbosa y EsImagen

Ante los casos de policías y comandantes municipales con historial criminal, el gobernador Miguel Barbosa Huerta presentó una iniciativa en el Congreso local para imponer hasta seis años de prisión a la autoridad municipal o estatal que contraté a elementos no certificados. 

En el artículo 418 del Código Penal, propuso una pena de tres meses a siete años para “la persona que acepte el empleo, cargo o comisión en alguna de las instituciones policiales sin contar con Certificado Único Policial o registro vigente”.

A su vez, una multa de hasta diez Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a un monto de 962 pesos.

En cambio, en el artículo 419, el mandatario poblano propuso de seis meses a seis años de prisión contra la autoridad que proponga, contrate o designe como policía, a quien no tiene los certificados ya mencionados.

De igual manera, contra la persona que omita separar del cargo a quienes no hayan aprobado los exámenes de control y confianza.

Además de la pena ya mencionada, la multa sería de 20 a 200 UMAS, es decir, de mil 924 a 19 mil 244 pesos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio.

Iniciativa, por casos de municipales con historia criminal

Esta propuesta, derivó del hallazgo sin vida de un comandante en Tulcingo del Valle el 20 de noviembre, quien fue señalado de asesinar a cuatro personas en Guerrero.

Por este hecho, renunciaron 20 policías municipales, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional reforzaron su presencia en la zona.

Miguel Barbosa señaló que el elemento asesinado no tenía exámenes de control y confianza, lo cual, favorece la colusión del crimen organizado en las policías.

LPR

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