A cinco meses del linchamiento de Daniel Picazo González en Huauchinango, la CDH acreditó omisión de las Policías municipal y estatal, pues no aplicaron el protocolo de atención, por lo que pidió investigar a los servidores públicos que lo permitieron.
Así lo dio a conocer este miércoles, en rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, quien estuvo acompañado de dos visitadores, indicó que se tienen elementos “fehacientes y objetivos” para emitir la recomendación a las autoridades involucradas.
Al explicar, el desarrollo de los hechos ocurridos el viernes 10 de junio, señaló que se recabaron testimonios, se realizaron entrevistas a un aspirante a policía municipal, al policía primer respondiente del hecho, al director de Operaciones, al director general de la Secretaría de Seguridad de Huauchinango, al edil auxiliar de Papatlazolco y alcalde Rogelio López Ángulo.
Así como se analizaron fotografías y videos que se grabaron y circularon en redes sociales, en donde se observó que los elementos no brindaron seguridad pública oportuna, protección y auxilio, además de que ellos en ningún momento estuvieron en riesgo, no fueron amenazados y pudieron haber evitado la muerte del joven de 31 años de haber actuado con eficacia.
Dijo que los agentes en una primera instancia dialogaron con un grupo de personas para que se los dieran y accedieron para llevárselo a la comandancia, pero otros pobladores los incitaron para que se hiciera justicia por propia mano, agrediéndolos y amagando con machetes y palos a los efectivos, toda vez que eran solo dos.
“Los servidores de seguridad pública estatal y municipal no actuaron conforme al protocolo previsto para los linchamientos, no hubo intentos de impedir que lo rociaran con gasolina, ni de que le prendieran fuego, ni mucho menos de apagarlo y proteger a la víctima”, expresó.
Sostuvo que debieron haber hecho uso de la fuerza pública para disolver a los pobladores de Papatlazolco y proteger a la víctima, así como ayudarlo a salvar su vida, pero solo “se limitaron a hacer algunas llamadas” con el edil auxiliar para que mandaran más elementos.
Afirmó que lo ocurrido esa noche es “reprochable”, ya que se transgredió el derecho humano de la víctima a la seguridad pública y la vida, ya que fueron dos ocasiones en que se le prendió fuego al ahora occiso, entre 10 y 12 de la noche, a pesar de que la víctima aún estaba con vida.
Policías no evitaron que le prendieran fuego
“Este aconteció en frente de personas públicas adscritas al ayuntamiento de Huauchinango, así como personal de seguridad pública municipal y estatal, quienes fueron omisos de cumplir con sus funciones, no evitaron que le rociaran gasolina, que lo quemaran, ni mucho menos intentaron apagarlo”, expresó.
Tras lo anterior, Cerezo Vélez informó que se emitió la recomendación 18/2022 por violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la vida, por lo que el ayuntamiento de Huauchinango en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública deberán brindar a los familiares de Daniel reparación integral de los daños, lo que incluye salud mental y emocional y atención victimológica, psicológica y tanatológica.
También se pide exhortar a los funcionarios a cumplir con sus deberes en materia de seguridad pública e iniciar los procedimientos de investigación correspondientes y en caso de que exista responsabilidad penal se presente la denuncia contra los servidores públicos que fueron omisos.
Emitir una circular para los funcionarios públicos en la que se especifique que deben sustentar su actuar en un caso de linchamiento, aumentar el número de policías municipales en las juntas auxiliares, así como reforzar su capacitación y hacer dos jornadas de cultura de la legalidad y justicia dirigida a la sociedad civil.
La SSP igual debe emitir un manual de procedimientos de actuación para el personal de la dependencia y la conformación de un grupo especial de reacción inmediata en este tipo de casos, el cual esté capacitado en materia de negociaciones y extracciones a posibles víctimas y uso de la fuerza pública.
SSP debe conformar grupo de reacción
De igual forma, se le pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que continúe con la carpeta de investigación o, en su defecto, inicie una nueva para brindar justicia en base a la recomendación, ya que a la fecha van diez detenidos.
Mientras que a la Secretaría de Gobernación (Segob) que lleve a cabo las acciones necesarias para adicionar al Protocolo de Actuación para Linchamientos del estado, para su cumplimiento de la autoridad municipal, al que den cumplimiento los titulares de las juntas auxiliares.
Con esta, suman cinco recomendaciones que emite la CDH de 2019 a la fecha por casos de linchamientos en Puebla, siendo las otras cuatro la 12/2019 por hechos en el municipio de Acatlán de Osorio en 2018 donde dos hombres perdieron la vida; la 18/2020 por lo ocurrido en la junta auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, perteneciente Tlacotepec de Benito Juárez donde se linchó a una persona.
La 14/2021 derivada de los hechos de octubre de 2020, en la localidad de Emilio Portes Gil, de San Nicolás Buenos Aires, donde perdieron la vida dos personas, hombre y mujer y la 26/2021, por los hechos de agosto de 2020, en San Salvador Huixcolotla, donde murió una persona.
