En tres años del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en Puebla, la FGE procedió penalmente contra una treintena de políticos, quienes habían sido señalados por delitos y nexos criminales desde las administraciones de Rafael Moreno Valle y Mario Marín Torres.
Durante el llamado morenogalismo, periodo que abarcó de 2011 a 2018, funcionarios allegados a Rafael Moreno Valle fueron señalados por cometer actos irregulares, pero fue hasta la conclusión de los gobiernos de extracción panista cuando finalmente fueron procesados.
El caso más sonado fue el de Eukid Castañón Herrera, subsecretario de gobernación y operador político del panista, quien fue detenido en marzo de 2020 por extorsión, pero también se abrió una investigación por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, es señalado como el principal espía del gobierno morenovallista, pues habría comprado sábanas de las llamadas que hacían los opositores a la gestión panista e incluso de funcionarios de la actual administración. Actualmente, se encuentra recluido en el Cefereso de Durango.
En agosto de 2020, Jesús Giles Carmona, exdirigente estatal del PAN y otro de los perfiles más allegados a Moreno Valle, fue vinculado a proceso por documentación falsa, por lo que se le prohibió salir del país y acudir a firmar periódicamente.
En Infraestructura, desvío de 130 mdp
En junio de 2021, Alfonso Siriako Guillén Almaguer, quien fungió como coordinador jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad, fue vinculado a proceso por el desvío de 130 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con Froylan Pedraza Bouchan, quien realizó pagos ilegales por una obra en el Centro Expositor.
Es necesario señalar que ambos funcionarios trabajaron bajo el mando de Xavier Albizuri Morett, que llegó al cargo de secretario de Infraestructura con Antonio Gali Fayad, mismo que es investigado desde finales de 2020 por actos de corrupción, por lo que incluso el gobernador Barbosa Huerta lo invitó a esclarecer la situación.
Para octubre de ese año, Milthon Javier Fregoso Escalera, exdirector del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep) durante las administraciones de Moreno Valle y Gali Fayad, fue detenido por la expedición de títulos irregulares.
El empresario morenovallista Bernardo Fernández Tanús fue detenido el 21 de diciembre de 2021, por el presunto saqueo a Casa Puebla, pues en 2019 autorizó la salida de diversos muebles, pero tres meses después fue liberado, aunque una de las condiciones fue la publicación del desplegado donde ofreció disculpas públicas.
Órdenes de aprehensión e investigaciones
Otros funcionarios aún no han sido puestos a disposición de las autoridades, pero ya hay órdenes de aprehensión o investigaciones en su contra, como el caso de Jorge Benito Cruz Bermúdez, quien fue responsable del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) en el periodo morenovallista, y a quien se le acusa la malversación de 170 millones de pesos.
Asimismo, contra Eduardo Tovilla Lara, quien fue secretario de Finanzas y Administración durante la breve gestión de Martha Erika Alonso Hidalgo, se emitió una orden de aprehensión en diciembre de 2021, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de atribuciones y por la autorización de pagos indebidos o irregulares.
Por su parte, el gobernador Barbosa Huerta dio a conocer en agosto de este año que uno de sus antecesores, Gali Fayad, así como Roberto Moya Clemente, son investigados por el presunto desvío de recursos.
Caso aparte es la detención de Facundo Rosas Rosas, secretario de Seguridad Pública (SSP) estatal durante el morenovallismo, quien fue detenido en enero de este año por el presunto homicidio de una mujer en la Ciudad de México, a quien atropelló, además de su implicación en la operación de “Rápido y Furioso”, con la que ingresaron miles de armas de manera ilegal, sin embargo, no se le han fincado responsabilidades por el caso Chalchihuapan, donde un menor de 10 años perdió la vida.
Caen priistas tras captura de Marín
Por su parte, tras la detención de Mario Marín Torres, en febrero de 2021, por el delito de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, en este año, su exsecretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, fue detenido acusado de corrupción, aunque el 13 de mayo de ese mismo año fue puesto en libertad y gracias a un amparo enfrenta su proceso en libertad, no sin antes haber pagado una fianza.
Este 2022, el 28 de febrero, Juan Carlos Fernández Jasso, quien en el periodo marinista fungió como Subsecretaría de Medio Ambiente y director de Museos, fue llevado a la cárcel acusado de corrupción, sin embargo, el 5 de marzo de ese mismo año fue liberado luego de que no se acreditaran las acusaciones.
El caso más reciente que involucró la detención de un priista fue el de López Zavala, exsecretario de Gobernación, quien en junio de este 2022 fue vinculado a proceso por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, toda vez que se le señala por ser el autor intelectual del asesinato.
Por su parte, Óscar Chapa Palomeque, exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, en 2019 tras el fallecimiento de Alonso Hidalgo, fue detenido por el sobrecosto de más de 30 millones de pesos en uniformes escolares y falleció el 3 de mayo de 2021 por un problema cardiaco.
Funcionarios de Barbosa, también a prisión
En tanto, durante la actual gestión morenista, se han dado señalamientos contra funcionarios por irregularidades, por lo que también se han dado vinculaciones a proceso, como el caso de Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fue secretario de Movilidad y Transporte con Miguel Barbosa Huerta, por presuntamente entregar concesiones del transporte público de forma irregular.
Otra detención fue la del extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, detenido el 25 de febrero de este 2022 por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
También el exdirigente del PRD en Puebla, Eric Cotoñeto Carmona, quien respaldó al gobernador Barbosa Huerta para llegar a Casa Aguayo, fue detenido el 1 de octubre de este año en Zacatlán, pero un día después fue liberado; a pesar de que su ficha apareció en el registro de detenciones, éste señaló que acudió en calidad de testigo, aunque hasta el momento se desconoce por qué fue presentado ante las autoridades.
Caso aparte es la detención de siete ediles y ocho exediles poblanos en la actual gestión, mismos que han sido señalados, principalmente, por desvío de recursos, figurando panistas, priistas y hasta morenistas que recién llegaban al cargo, como el entonces edil de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez.
La más reciente captura y vinculación a proceso fue la del exedil de Ciudad Serdán, junto con quien cayeron tres regidores por el delito de ejercicio indebido de funciones.
