La reforma a la Ley de Instituciones de Crédito plantea que el gobierno federal pueda confiscar una cuenta que tenga más de seis años sin ser reclamada, pero sólo en los casos en que esté vinculada a delitos y el crimen organizado, por lo que no aplica a toda la población.
Así lo señaló en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al poder legislativo informar y profundizar en el tema, antes de que vaya al Senado y señaló una posible campaña en contra por parte de los bancos, pues existe mucho dinero que se queda sin reclamar y que ellos usan o “ponen a sudar”.
Asimismo, planteó que los recursos recuperados sean destinados a pensiones para adultos mayores y salud, en lugar de para seguridad de estados y el país; además de que explicó que él no planteó la reforma.
Cabe mencionar que tras la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados, surgieron rumores y noticias falsas en redes sociales que advertían que el gobierno federal se apropiaría de las cuentas no reclamadas de toda la población.
Bolsa de 14 mil mdp por extorsión
Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que se trata de una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, que tiene que ver con las cuentas que después de un tiempo nadie reclama y que los bancos se apropian.
Mencionó que el “espíritu” de la ley es que el dinero recuperado de cuentas del crimen organizado, pero que nadie reclama, sea usado para beneficio público, como equipamiento e infraestructura, por lo que descartó que implique una “apropiación” generalizada.
Aunque no especificó el monto exacto de cuentas de la delincuencia, manifestó que sólo por el tema de extorsión, habría una bolsa de 14 mil millones de pesos que el gobierno podría incautar.
