Tanto a nivel local como nacional es necesario que se legisle para limitar el poder o la discrecionalidad que tiene en sus decisiones los jueces y magistrados, así como para que se evalúen, pues, aunque se presentan quejas éstas no siempre proceden o solo los cambian de adscripción.
Así lo consideró, en entrevista con este medio, Rafael Bravo Peregrina, abogado civilista, quien detalló que el principal defecto que se tiene en el sistema de justicia mexicano es que muchas veces “queda a capricho de los jueces y el agente del Ministerio Público la suerte de las personas”.
Puso de ejemplo que él llevó un asunto en el que la audiencia inicial, que es la de imputación, le invocó a la juzgadora un par de jurisprudencias obligatorias en todo el país con las cuales se excluía a su cliente del delito que le imputaban, que era un robo, cuando era abuso de confianza.
Sin embargo, pidió el receso de 20 minutos y la juzgadora citó una tesis aislada de Quintana Roo, que no tenía injerencia en Puebla y en base a eso resolvió, por lo que “hacen lo que se les da la gana y no se les pueda decir algo”.
Dijo que si bien existe el libre albedrío y los jueces son los que tienen la última decisión, el problema es que “abusan” de las facultades discrecionales con la que cuentan para determinan lo que legalmente es correcto para resolver el caso.
“Abusan de esta facultad discrecional y no aplican lo que realmente corresponde, sino lo que ellos quieren. El ámbito es muy grande, se tendría que reacomodar y hacer reformas al sistema para que quede adecuado a la realidad de nuestro país actualmente”, asentó.
Insistió que se tiene que hacer cambios al procedimiento, a las facultades de los jueces y de los ministerios públicos, así como ponerles límites y ampliar el catálogo de los delitos cometidos por funcionarios en la investigación de los casos y en la impartición de justicia.
Se mantiene nepotismo, asegura
Esto, porque dijo que al parecer “son impunes” pues, aunque se presentan quejas a veces “sólo les dan un coscorrón” o solo los cambian de distrito; en tanto, los magistrados de los Tribunales Colegiados, cuando son señalados de corrupción, los cambian de distritos o estados, pero no son investigados.
Consideró que esa falta de sanciones a los funcionarios judiciales es lo que propicia la corrupción, pues “si se les castigara duro” ya no lo harían, motivo por lo que antes se hacían las rotaciones constantes para evitar el “enquistamiento y mafias”.
Bravo Peregrina refirió que, si bien se tiene un Sistema de Carrera Judicial, no se acata, lo que genera que se “llene de ineptos”, ya que la cantidad de las personas que se encuentran en un alto nivel dentro del Poder Judicial y que hayan empezado desde abajo es mínimo, alrededor del 20 por ciento.
Si bien no dio los nombres, dijo que tan solo durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas se pusieron por lo menos cuatro magistrados, los cuales nunca habían pisado las instalaciones, ya que ni sabían qué hace un secretario de acuerdos o un diligenciario.
“Se le tiene que exigir al Poder Judicial federal y de los estados, que ya dejen de estar contratando a los hijitos de los magistrados, a sus familiares y a sus cuates, porque luego son unos ineptos, las maestrías y doctorados se las expiden como si fueran estampitas, luego ni saben redactar”, asentó.
