La oficina del alto Comisionado de la ONU-DH en México calificó de “preocupante” el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Policía Estatal contra pobladores de Coyomeapan, por lo que llamó a la FGE hacer una investigación exhaustiva y garantizar medidas de protección.
A traves de un comunicado emitido en sus redes sociales, Guillermo Fernández-Maldonado, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), expresó sus condolencias a la familia y amistades de las tres personas fallecidas.
Manifestó que las acciones en las que participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla no corresponden a una policía civil que actúa bajo estándares internacionales que establecen el uso estrictamente excepcional de la fuerza letal.
A la par, lamentó que en los hechos ocurridos el 9 de mayo en la comunidad de Cobatzalco, municipio de Zoquitlán, fallecieran tres personas de la comunidad indígena nahua de Coyomeapan, incluido un líder y un menor de edad y otras seis más resultaron gravemente heridas.
Refirió que la ONU-DH llevó a cabo una misión los 26 y 27 de mayo, así como sostuvo reuniones con las víctimas sobrevivientes de los hechos y sus familiares y diversas autoridades, además de que se entrevistó con Basiliza Montaño, defensora indígena de derechos humanos en la demarcación, quien se encuentra privada de la libertad en el Cereso de Tehuacán, junto con otros tres activistas.
Detalló que “saluda” las acciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y pidió continuar los esfuerzos para llevar a cabo una investigación “pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” en la que se esclarezcan los hechos y se sancione a los autores materiales e intelectuales de los mismos.
Agregó que, tras recabar información, se tienen como hipótesis fundamental de investigación la relación entre las ejecuciones extrajudiciales y la criminalización de las personas del municipio con la disputa por el control de los recursos naturales de la zona y el conflicto post electoral que se vive en el lugar desde el año pasado.
Por ello, Fernández-Maldonado aseveró que todo hecho en el que un policía haya ocasionado la muerte a una persona debe de investigarse de oficio de manera completa, exhaustiva e independiente, en un plazo razonable.
Pide dar medidas de protección
Dijo que es responsabilidad del Estado aportar la información necesaria que permita acreditar fehacientemente que se cumplió con los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego”.
De igual forma, alentó a las autoridades a implementar las medidas de protección y atención necesarias para las personas afectadas y sus familias, así como a defensores de derechos humanos de la comunidad, al tiempo de invitar “al Estado mexicano a respetar y garantizar el derecho al territorio y a la libre determinación de la comunidad”.
“La ONU-DH reitera su compromiso para brindar asesoría y cooperación al Estado Mexicano para la efectiva incorporación a los procesos de investigación en estándares internacionales relevantes en la materia, así como para la inclusión del enfoque de derechos humanos en las acciones para garantizar el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”, citó.
Es de mencionar que, por estos hechos, la Fiscalía detectó responsabilidad de nueve policías en los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra la procuración y administración de justicia y daño en propiedad ajena doloso.
Por ello, ya fueron vinculados a proceso Alberto N., Carlos N., Bernabé N., José Javier N., Luis Antonio N., Jesús N., Moisés N., Jonathan Iván N. y Abdo Israel N. quienes tienen la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
R: DJ
