A 14 días del hallazgo de un bebé muerto en los contenedores de basura del Cereso de San Miguel, la FGE detuvo a 19 personas que laboraban en el penal, entre ellos directivos, así como salió el secretario de Seguridad Pública (SSP), Rogelio López Maya.
Fue el 10 de enero cuando se dio a conocer del hecho, señalando primero que el bebé tenía seis meses; además de que el caso sería investigado por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) y, aunque un día después la CNDH indicó que lo atraería, su homóloga estatal le pidió desistir, lo cual aceptó.
El 17 del mismo mes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta reafirmó que no había nacido dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) y que tenía seis días de nacido; tres días después, Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta, informó que se trataba de un niño originario de la Ciudad de México, para luego refutar su edad.
Lo anterior, porque, aseveró que tras ponerse en contacto con la familia, supieron que el nombre del menor era Tadeo, nacido el 4 de octubre de 2021 y muerto el 5 de enero de este 2022, por lo que fue enterrado en el Panteón de Iztapalapa.
Fue a través de medios que los papás del menor sospecharon que el hallado en el penal de Puebla era el de ellos, y aunque quisieron ir al panteón, “los amenazaron”.
Cuerpo, con todos sus órganos
El pasado 22 de enero, la FGE aceptó que el cuerpo del bebé hallado en el Cereso correspondía a una familia de la Ciudad de México, esto, tras someterlo a una serie de peritajes y pruebas, además de la revisión de documentos relacionados a la atención médica, nacimiento y muerte del menor.
Asimismo, la fiscalía anunció que los padres del menor confirmaron que el cuerpo sí contaba con todos sus órganos en su lugar y presentaba una herida quirúrgica de siete centímetros con sus puntos de sutura originales.
Este 24 de enero, en la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el caso y aseguró que se trató de un hecho de descomposición social provocada por las políticas neoliberales, ya que “desembocó” en una crisis profunda en lo económico, social y moral.
Horas más tarde de sus declaraciones, el gobernador Miguel Barbosa Huerta quitó a Rogelio López Maya de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para llegar en su lugar Daniel Iván Cruz Luna; de igual forma, salió Adulfo Chacón Ruiz como subsecretario de Centros Penitenciarios, quien será reemplazado por Jorge Pérez Melchor.
La FGE indicó que los delitos señalados son abuso de autoridad o incumplimiento de un deber, infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, así como encubrimiento.
Aunque todavía se desconoce por qué y para qué fue metido el cuerpo de Tadeo al penal, la fiscalía informó que la investigación continuará para esclarecer los hechos.
ONGs piden que CNDH y FGR atraigan el caso
Este mismo 24 de enero, Juan Martín Pérez García, defensor de los derechos de las infancias, sostuvo en conferencia de prensa que la CNDH sí es competente para atraer el caso del bebé Tadeo, pues involucra a dos entidades federativas.
En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Pérez García afirmó que también es pertinente la atracción del caso, toda vez que se podría imaginar un escenario de crimen organizado, por lo que valdría la pena hacerlo.
El activista también dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya está en diálogo con los padres de Tadeo, quienes ya tienen contacto con la relatoría de derechos de la niñez, por lo que confían en poder tener un tipo de respuesta ante el hecho.
Cabe mencionar que el caso también motivó que Maru San Martín, activista y periodista se manifestó afuera del Cereso de San Miguel por el hallazgo del cuerpo de Tadeo, sin embargo, la convocatoria no atrajo a la sociedad civil, por lo que la activista llamó a manifestarse por el hecho y no solo conmoverse.
R: DJ
