Pobladores del ejido Tecoltemi, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, acudieron al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar 40 cartas de autoridades comunitarias y 10 mil 698 firmas que piden declarar inconstitucional la Ley Minera.
Las 40 cartas fueron firmadas por autoridades comunitarias como jueces de paz, presidentes auxiliares e inspectores de Ixtacamaxtitlán y municipios como Zautla y Tetela de Ocampo, afectados por la minería a cielo abierto de las concesiones Cerro Grande y Cerro Grande 2, entregadas en 2003 y 2009 a las filiales mexicanas de Almaden Minerals, llamadas Minera Gorrión y Minera Gavilán.
Las firmas fueron recabadas en la plataforma Change.org, mientras que las cartas expresan la preocupación de las autoridades comunitarias por el caso que también afecta la cuenca del río Apulco, lugar ocupado por los proyectos mineros; esto, previo a saberse el fallo del juicio de amparo interpuesto por ellos desde 2015.
En entrevista con Ángulo 7, Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali Sierra Norte y acompañante legal en el juicio de amparo, dijo que la Ley Minera aprobada en 1992 viola los derechos de la Constitución en su artículo cuarto, en relación a los derechos de pueblos indígenas.
Destacó que se acusa a la Secretaría de Economía de otorgar las concesiones sin consultar a la población, además de que, de esta forma, se priva a las comunidades de la posesión, uso, aprovechamiento e incluso propiedad de su territorio, por lo que con el juicio también se busca cancelar las dos concesiones existentes en Ixtacamaxtitlán.
Diana Pérez afirmó que la SCJN tiene una oportunidad histórica para resolver las décadas de agravios que sufren las comunidades indígenas desde la publicación de la ley, misma que posibilita “la invasión e imposición” de proyectos que comprometen la vida de los habitantes, quienes suelen ser los últimos en enterarse de dicha explotación.
Artículos de Ley Minera, “atentado contra pueblos indígenas”
Las comunidades indígenas se pronunciaron en contra de la ley porque en los artículos 6, 15 y 19 atentan directamente contra su derecho a la propiedad de sus tierras; el primero mencionado da las facilidades para la explotación de las minas al considerar dicha actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
El 15 permite la explotación de las tierras hasta por un siglo, ya que fija por 50 años la vigencia de las concesiones mineras, prorrogables por el mismo tiempo.
El artículo 19 otorga el derecho al titular de la concesión para obtener la expropiación o la ocupación de los terrenos necesarios para la minería, así como para aprovechar las aguas para las actividades mineras e incluso para actividades más allá de la minera.
