Luego de que la CNDH atrajo la investigación por el bebé hallado sin vida en el penal de San Miguel en Puebla capital, su homóloga del estado respondió que no ha recibido la notificación, además de que no justificó “la gravedad” por la que la nacional llevará el caso; le pidió “no intervenir”.
En un comunicado de prensa, la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla pidió al organismo nacional “inhibirse” de conocer los hechos.
Reconoció que en el reglamento interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) prevé la facultad de atracción cuando se trate de una presunta violación a derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en la opinión pública nacional.
Lo anterior, “siempre y cuando” la naturaleza del asunto resulte de especial gravedad. De igual manera, resalta la CDH, prevé que al memento de ejercer la facultad de atraer una queja, originalmente de la competencia de un organismo local, la CNDH deberá emitir el acuerdo suscrito por la titular, mismo que tendrá que ser notificado a la CDH.
Dicho precepto no se actualiza a cabalidad, ya que por principio de cuentas no existe ningún sustento que justifique el elemento sustancial de dicho precepto legal, sobre todo, la “especial gravedad por la cual atrae el caso” del bebé de seis días de nacido.
En segundo lugar, argumentó la CDH de Puebla, “al día de hoy” no se ha recibido notificación a dicho organismo en el cual se notifique de que la CNDH atrajo el caso, “por lo que se desconoce la motivación y fundamentación”.
Además, le recordó a su homóloga nacional que, el artículo 88 de la CNDH señala que las omisiones consideradas infracción grave a los derechos humanos fundamentales de una persona, los cuales son atentados a la vida, tortura, desaparición forzada y todas las demás de lesa humanidad.
En este tenor, sostuvo la CDH, respecto a los hechos de la queja del bebé no se encuadran en ninguna de las infracciones graves y si bien sí hubo privación de la vida, se desconocen las causas del fallecimiento, sienta esta la principal línea de investigación del organismo local, que agotará las posibles para determinar si existió acción u omisión de las autoridades penitenciarias.
