El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la regularización de los “autos chocolate”, principalmente adquiridos en Estados Unidos, a lo largo de la frontera norte, con el objetivo de recaudar dinero para mejorar vialidades y prevenir que se cometan delitos.
El mandatario firmó el decreto sin precedentes en Ensenada Baja California, donde destacó que el costo por la regularización de cada unidad será de 2 mil 500 pesos, por lo que estimó que, tan sólo en este estado, se recaudarán mil 300 millones de pesos si se regularizan más de 500 mil vehículos “chocolate”.
“Ahora se les va a registrar, van a dar una cooperación los que tienen estos carros de alrededor de dos mil 500 pesos, es una cooperación, porque ese dinero va a quedar en Baja California, como aquí se ha dicho, y se va a utilizar para tapar los baches, para mejorar las vialidades, va a quedar el apoyo”, aseguró el presidente.
Señaló que el dinero se destinará a los seis municipios del estado: Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito, San Quintín, Tecate y Tijuana.
Planean estrategia contra el crimen
Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, enfatizó que “muchas veces” los autos chocolate, “sin matrícula y de procedencia extranjera”, son usados por grupos criminales para cometer ilícitos.
Expuso que, del de noviembre del 2019 al 30 de agosto de 2020, fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales 370 vehículos usados para la comisión de homicidios calificados en Baja California , 78 por ciento de los cuales son de origen extranjero e irregulares.
“De ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato estos vehículos y puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia”, sostuvo.
Explicó que, para hacer efectivo el decreto, las secretarías de Gobernación, de Economía, de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana alistan un programa que abarcará los municipios fronterizos de Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como los de Baja California Sur.
El objetivo del programa es dar “rostro, nombre y domicilio” a estos vehículos, es decir, que estén inscritos en el Registro Público Vehicular, con lo cual se busca certeza jurídica, certeza patrimonial y certeza de seguridad a los habitantes de los municipios fronterizos del norte del país.
