El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la cancelación de la licencia de conducir de aquellos conductores que participen en carreras clandestinas, conocidas como “arrancones”, con un veto de hasta 10 años para que el conductor tramite un nuevo permiso.
En sesión pública este martes, los diputados aprobaron la iniciativa turnada por el Ejecutivo estatal, mediante la cual se modificará el artículo 51 de la Ley de Vialidad para el Estado,
“Se impondrá a los conductores de vehículos de propulsión mecánica, además de las sanciones señaladas en el artículo anterior, la cancelación de licencia para conducir, sin que se pueda expedir una nueva en una temporalidad de diez años, considerando el modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción”, reza la modificación a la ley.
Se refirió que la Secretaría de Movilidad Transportes y su homóloga de Planeación y Finanzas deben mantener una base de datos para identificar la reincidencia de este delito.
Esta iniciativa se presentó luego de que Yamil Gómez, un joven que conducía a exceso de velocidad en la Via Atlixcáyotl, atropellara y matara a una persona, por manejar en estado de ebriedad.
Desaparece Vialidad
En otro punto, el Congreso aprobó diversas reformas en la susodicha Ley de Vialidad y de Seguridad Pública, a fin de desaparecer oficialmente la Dirección de Vialidad, bajo el argumento de que tenía prácticas de corrupción.
Las reformas quitaron del reglamento la mencionada figura y delegaron sus funciones a la Policía Estatal, luego de que se señalara a la dirección de “montaje” en cada operativo que realizaba.
Fue el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien propuso extinguir la dependencia, al asegurar que los elementos eran responsables de sobornos y demás prácticas para permitir la circulación de conductores.
En otro tema, se aprobó expedir la Ley de Educación Media Superior, emitida por el Ejecutivo estatal, por la cual se determina la coordinación de las escuelas y el Estado, así como la procuración de mejores instalaciones.
Uno de los apartados también menciona que el gobierno podrá plantear planes de estudio conforme lo considere necesario, sin que se invada la autonomía de las instituciones.
Asimismo, se avaló que los concursos de licitaciones que emitan los ayuntamientos de Puebla incluyan a cuando menos 50 por ciento de empresas con domicilio fiscal en Puebla, a fin de impulsar a la economía local tras la pandemia.
