El Congreso de Puebla aprobó reformar diversos artículos de la Constitución Mexicana relativos al Poder Judicial para fortalecer a la SCJN, combatir la corrupción, el nepotismo y el acoso, y faculta a la judicatura a sancionar a servidores públicos que desvirtúen sus actividades.
Con esto, Puebla se convierte en el estado número 15 en avalar las modificaciones, entre las cuales se busca impulsar la carrera judicial mediante concursos de oposición con procesos de transparencia para elegir a los perfiles para la impartición de justicia.
Los diputados Tonantzin Fernández Díaz, Bárbara Morán Añorve, Rocío García Olmedo, Vianey García Romero y José Juan Espinosa expresaron que con la aprobación de esta reforma
se observan nuevas reglas para llevar a cabo mayor control en la rendición de cuentas y las sanciones por abusos y actos de corrupción.
Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia externó su oposición al tema tras argumentar que estas modificaciones pretenden dotar al Poder Judicial de atribuciones para nombrar jueces a modo con medidas discrecionales, además de limitar los mecanismos de defensa de los ciudadanos contra la autoridad con visos de ilegalidad.
Por otra parte, se aprobó por unanimidad reformar el artículo 30 de la Constitución en materia de nacionalidad para garantizar el derecho de los infantes nacidos en el extranjero de madre o padre mexicanos y proteger su derecho humano a la identidad y nacionalidad.
Asimismo, se aprobó reformar los artículos 3, 4, 16, 115 y el 118 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla, y la fracción XXIX del artículo 4 y la fracción I del 18 de la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, para autorizar en la entidad el uso de transporte no motorizado en zonas urbanas.
Finalmente, se aprobó reformar y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado, por las cuales se permite llevar a cabo un manejo integral y sustentable, para la conformación restauración y cultivo de los ecosistemas y para proteger, así como, restaurar la producción forestal en nuestro estado, como una política social para las autoridades en la que se debe sumar a la población.
