La Comisión de Educación del Congreso local aprobó la nueva Ley de Educación Superior de Puebla, que estipula que este grado es un derecho para el desarrollo de las personas, así como eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas que brinden este servicio.
La nueva ley poblana se adecúa a lo establecido en la nueva Ley general en la materia, con la finalidad de establecer las bases para dar cumplimiento a la obligación de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior y sus cuatro dimensiones en términos de la Ley de Educación del Estado.
Asimismo, establece los fines de la educación superior y los criterios para la elaboración de políticas en esta materia para contribuir al desarrollo ético, social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país y del estado, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora.
La iniciativa fue presentada por la diputada Nora Merino Escamilla y el legislador Hugo Alejo Domínguez, quien destacó en su intervención que se pone en el centro de la educación superior al estudiantado.
Por su parte, Olga Lucía Romero Garci Crespo recordó la participación de representantes de diversos sectores del sistema educativo de la entidad a través del parlamento abierto.
En otro punto del orden del día, se aprobó por unanimidad reformar y adicionar diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano, que establecen que el instituto tendrá por objeto ofrecer servicios educativos de tipo superior, a través de la impartición de planes y programas de estudio de postgrados cursos, diplomados, certificaciones, programas de profesionalización y actualización pertinentes y congruentes para la superación y desarrollo competitivo del personal docente y trabajadores de la educación que se encuentran en servicio, de tipo básico, media superior y superior.
El Dictamen fue apoyado en sus intervenciones, por las diputadas Bárbara Moran Añorve y el diputado Jonathan Collantes Cabañas, quienes mencionaron que las reformas y adiciones a la Ley darán posibilidad del intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones educativas nacionales e internacionales, así como el apoyo en la organización de cursos, seminarios, congresos y actividades académicas, culturas, científicas y tecnológicas.
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