El gobierno del estado ha presentado 58 denuncias por conductas relacionadas con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, contra quien resulte responsable, las cuales ascienden a un monto de 2 mil 159 millones 699 mil pesos.
Esto, de acuerdo con el informe del tercer año de administración del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el cual fue presentado ante el Congreso local el pasado 14 de diciembre, mismo en el que se detalla que todos los casos están en proceso en la Fiscalía General del Estado (FGE).
En el documento se detalló que, derivado de la investigación de 334 personas físicas y morales, se detectó adicionalmente irregularidades que pudieran constituir delitos fiscales por un monto de 4 mil 71 millones 188 mil pesos.
Además de que, en coordinación con instancias a nivel estatal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados con estos, como la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, le notificaron sobre 13 personas (ocho físicas y cinco morales) por un monto de 333 millones 865 mil pesos.
En el informe se dio a conocer que el gobierno de Puebla realizó el cobro de 50 fianzas con un monto de 9 millones 123 mil 186 pesos, de los cuales 3 millones 693 mil 398 pesos fueron de 44 fianzas penales y 5 millones 429 mil 788 pesos correspondientes de seis fianzas de obra pública.
Lo anterior, porque fueron otorgadas ante los juzgados a favor de las víctimas de los delitos y de obra pública de diferentes dependencias y entidades de la administración ante el incumplimiento de las obligaciones de los contratistas.
Se resolvieron 495 juicios por mil 619 mdp
Además, a través de los mecanismos legales de defensa se continuó con la defensa en las controversias de los créditos fiscales, por lo que fueron resueltos en total 495 expedientes, cuyo monto ascendió a mil 619 millones 935 mil pesos, agrupados por juicios de amparo, nulidad y recursos de revocación en los que el Estado forma parte.
De dicho monto, mil 355 millones 852 mil pesos, fueron a favor de la entidad, lo que representó el 84 por ciento del monto impugnado, con lo que se pudo tener una mayor recaudación y contar con mayores recursos para el cumplimiento de sus funciones.
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