El gobierno estatal ha presentado más de 50 denuncias y seis demandas civiles contra exfuncionarios de administraciones pasadas por irregularidades en obras, obtención de títulos apócrifos y otorgar concesión de locales comerciales en parques del estado, entre otras.
Esto, de acuerdo con el tercer informe del gobernador Miguel Barbosa Huerta, que presentó ante el pleno del Congreso local el pasado 14 de diciembre, el cual forma parte de su eje “Combate a la Corrupción” problema que califica como “un cáncer”.
El mandatario sostuvo que no se tolerarán ni se solaparán los actos ilícitos, pues esa no es la forma de gobernar de la cuarta transformación, por lo que se emprendieron acciones para el desarrollo de obra social, que genere beneficios tangibles a la población e incremente las condiciones de desarrollo, con una política firme de austeridad y cero endeudamiento.
En ese tenor, de acuerdo con el documento como parte de la detección de expedición de documentos falsos utilizados para el trámite de titulación en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (Iedep), se tiene presentadas 26 denuncias, por lo que cuatro personas ya han sido vinculadas a proceso y las demás querellas continúan con el procedimiento ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
También, ha y 12 ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción a nivel estatal y federal por un monto de 204 millones 749 mil pesos en 27 contratos y 907 planteles educativos, por contratos para obras inexistentes derivado del sismo del 19 de septiembre de 2019 y que supuestamente habían sido para la reconstrucción y rehabilitación de planteles.
20 exfuncionarios en la mira por obra del CIS
Igual, hay una contra más de 20 exservidores públicos que intervinieron en la celebración del contrato para el Proyecto para la Prestación de Servicios del Centro Integral de Servicios (CIS) y Atención Ciudadana del municipio de Puebla, pues la obligación adquirida fue para 25 años, pero se detectaron pagos en exceso.
Por la sustracción de 22 piezas de La Estrella de Puebla por parte de una persona para su supuesta reparación, se presentó una denuncia penal por el delito de robo y una denuncia administrativa por la omisión del acto entrega-recepción, las cuales se encuentran en etapa de investigación. Tras un cateo en un domicilio se recuperaron y un tercero fue detenido por el delito de encubrimiento por receptación.
Otra más fue porque en 2017 se contrató un seguro contra desastres naturales por 18.3 millones de dólares, con una suma asegurada de 30 millones de dólares, mismo que a raíz del sismo ocurrido en ese año fue necesario hacer efectivo, sin embargo, se entregó casi un año después, por lo que se investiga el destino que se le dio a esos recursos, así como el procedimiento para la contratación.
En el informe se detalló que se otorgaron concesiones, arrendamientos, autorizaciones de uso y aprovechamiento de diversos locales comerciales construidos en parques e inmuebles a resguardo del Estado, pero hubo incumplimiento a las condiciones en las que fueron dados, como la falta de pago de la contraprestación mensual y de servicios, hasta la ausencia de algún tipo de garantía.
Por ello se presentaron dos denuncias penales y cuatro administrativas en contra de los exservidores públicos que omitieron sus funciones; adicionalmente, se presentaron seis demandas de carácter civil con la finalidad de ejecutar el cobro del adeudo de los particulares.
Por construcción del Expositor hay dos detenidos
A esto se suma que, por la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones, ubicado en Los fuertes, se identificó que durante su ejecución se realizaron pagos a una empresa que no tenía nada que ver con la obra, ya que la encargada era una asociación de firmas que de forma inadecuada realizaron los pagos a una de las asociantes, de manera irregular y discrecional.
Debido a esto, se tiene una denuncia por los pagos irregulares realizados, de la cual, por el desvío de más de 100 millones de pesos, se encuentran detenidos y sujetos a proceso dos exfuncionarios.
Otra más fue por el supuesto saqueo de las lajas originales del zócalo, que en algunos casos son desde 1700 y que fueron retiradas en 2008 y se han estado vendiendo de forma irregular, por lo que la querella es pro el posible robo y extravío de estas piezas que formaron parte del zócalo de la ciudad de Puebla, en la que se investiga la probable participación de exservidores públicos dela ayuntamiento de Puebla.
Finalmente, se tienen denuncias en contra de ex servidores públicos derivado de irregularidades detectadas en la construcción y modernización de puentes vehiculares de jurisdicción estatal entre 2011-2017, pues se ejecutaron con un sobrecosto.
Esto, porque después de realizar un peritaje, se determinó que los tirantes que se colocaron carecen de alguna función estructural y únicamente son elementos estéticos, originando un daño patrimonial para el Estado, además, se identificaron varias violaciones a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma.
R:CB
