La familia Jenkins señaló que es “nulo” el embargo que ordenó el juez Sexagésimo Civil de la Ciudad de México de los bienes y cuentas, al argumentar que no tiene competencia para conocer el caso porque el domicilio de la Fundación Mary Street se encuentra en Jalisco.
A través de un comunicado, afirmó que como patronos de dicha institución siempre “han actuado con responsabilidad y legalidad” para proteger y resguardar el patrimonio de misma, así como para garantizar, como ha sido, la continuidad de su labor altruista.
Aseveró que la autoridad judicial carece de competencia para conocer del asunto, dado que la fundación tiene su domicilio en otro estado y, como consecuencia, todas sus actuaciones están afectadas de nulidad, como quedó acreditado en el Juzgado Sexagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la capital del país.
Esto, luego de que el juez manifestó, el martes pasado, que con esto se busca garantizar la devolución del patrimonio, tras un supuesto desfalco de 720 millones de dólares del que se señala como responsable a los integrantes de la familia.
“Desde hace más de seis décadas, la Fundación Jenkins trabaja a favor del bienestar de México en diversas áreas como la educación, cultura, salud, deporte y asistencia social. Confía en el Estado de Derecho y sostiene sin interrupciones su importante labor filantrópica en beneficio de millones de mexicanos”, citó en el texto.
Asimismo, aseveró que consistente con el propósito para la que fue creada, dicha institución ha realizado una labor altruista con apego a las leyes mexicanas y a los estatutos de la misma, que respeta “plenamente” la visión histórica de sus precursores.
Acusan a hermanos y madre de desfalco
En 2016, Guillermo Jenkins de Landa, otrora patrono de la fundación, denunció que el contrato de donación, llevado a cabo por su madre y sus hermanos, fue irregular, por lo que solicitó ante la Junta para el Ciudadano de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, ya que era un esquema de desfalco.
Por estas acusaciones, a inicios de marzo pasado, un juez de control de Almoloya de Juárez giró órdenes de aprehensión en contra de seis miembros de la familia por lavar 14 mil millones de pesos, siendo los señalados Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como la madre de estos Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins.
Sobre el tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó por la mañana que su administración vigilará que todo el patrimonio de la fundación regrese a Puebla, pues el desfalco por el que es acusada la familia es un “escándalo enorme” que no se puede quedar así, el cual fue permitido en el morenovallismo.
