Un grupo de pobladores de Santa María Malacatepec pidió seguridad a las autoridades, pues teme que hombres armados, presuntamente vinculados a Grupo Proyecta, empresa inmobiliaria, los desaloje de sus viviendas en temporada vacacional para ampliar Lomas de Angelópolis.
En rueda de prensa este miércoles, acusaron que, en el último mes han recibido intimidaciones, por personas vinculadas a dicha empresa, llamadas Edmundo Largo González y Miguel Ángel Alameda, a quienes señalaron de estar organizando un “desalojo violento” en contra de los habitantes del cerro de Tepetomatla en Santa Clara Ocoyucan durante las fechas decembrinas cuando las autoridades no laboran.
Detallaron que han recibido amenazas “de que nos van a correr” porque el Grupo Proyecta compró de manera ilegal 245 hectáreas del cerro donde viven 45 familias, además aseguraron haber visto drones vigilando a las personas y los inmuebles.
Otra situación, agregaron, es que varias familias han recibido visitas en la madrugada de personas que buscan a José Emiliano Zambrano Aguilar, uno de los representantes de la comunidad y del campamento de resistencia que tienen en el cerro para mantener la seguridad de la comunidad.
No cuentan con agua potable
“Han ido a buscar a las 2 de la mañana a nuestro compañero Emiliano Zambrano, tocan en las puertas de nuestras viviendas y gritan preguntando por él y hablan de que harán levantones, incluso han ido hacer mediciones en los terrenos donde estamos asentados”, acusaron.
Por otro lado, señalaron que por el conflicto en sus terrenos desde hace dos no tienen agua potable y las pipas que llegan al lugar han sido frenadas por personas afines a la empresa para quererlos retirar del lugar.
Ante esto, responsabilizaron a Largo Gonzáles y Ángel Alameda si algo llega a ocurrir los próximos días, además exigieron a las autoridades, en especial al alcalde de Ocoyucan, Rosendo Morales Sánchez, más seguridad, ya que tienen que hacer guardias por su cuenta toda la noche en un campamento para garantizar la estabilidad.
Es de señalar que, desde hace 12 años, han acusado a la firma de despojar a los habitantes de sus terrenos con el solapamiento de las autoridades municipales, al afirmar que estos últimos ayudan a tramitar el cambio del uso del suelo para que se instalen las inmobiliarias.
Incluso, en 2019, denunciaron que se vendieron 230 hectáreas del cerro Izmatl a la inmobiliaria con firmas de los ejidatarios conseguidas “con engaños”.
R: DJ
