El gobierno del estado sostuvo que el esclarecimiento por la defraudación a la Fundación Mary Street Jenkins es un tema de legalidad, cuya solución sólo se alcanzará con la reincorporación a sus arcas del capital, mismo que, sostuvo, está en “paraísos fiscales”.
Lo anterior, luego de que la tarde de este miércoles, el patronato de la fundación acusó que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, organismo desconcentrado de la administración estatal, quiere “apropiarse de los recursos de la Udlap”, la cual recibe ayuda de la institución filantrópica.
El gobierno remarcó que el capital inmobiliario, accionario y líquido de la fundación está “alojado en paraísos fiscales como Panamá”, esto en respuesta a lo dicho por el patronato sobre que el patrimonio de la institución está invertido en bienes inmuebles, y activos, donde el 50 por ciento de los recursos corresponden al Campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
“Que la prevalencia del Estado de Derecho deba ser una regla permanente en Puebla, sin privilegios ni excepciones. Quienes hoy hablan a favor del abuso son los mismos que lo aplaudieron cuando ocurrió”, indicó.
Remarcó que “afortunadamente” hay pruebas de todo y están siendo presentadas ante las autoridades, mismas que deberán dar la razón a quien conforme a derecho corresponda.
