En 2020, el ayuntamiento de Puebla fue notificado por el presidente de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, Cesar Juárez González, sobre el riesgo que implicaba que el predio donde se produjeron las explosiones por la toma clandestina de un ducto fuera ocupado ilegalmente.
El 21 de septiembre de dicho año, Juárez González envió un oficio a la anterior administración –encabezada por Claudia Rivera Vivanco- que fue recibido por la ahora regidora morenista, Elisa Molina Rivera, antes directora de Atención Vecinal y Comunitaria de la Secretaría de Gobernación municipal, en el cual se señalaba que, en el predio propiedad del ayuntamiento, se estaban asentando personas de manera irregular, quienes afirmaron tener la documentación del inmueble.
En el documento también se leyó que en el lugar, ubicado entre la calle Palos y Avenida Ferrocarril, se estaban construyendo viviendas provisionales con cartón, block y láminas, lo que llamaba la atención de los vecinos.
El edil auxiliar también daba aviso de que debajo del predio se encontraba un ducto de gas, lo cual podría implicar un riesgo a la ciudadanía.
“Considero que deben tomarse acciones necesarias, pues es destacable mencionar que en la zona se ubica debajo un ducto que conduce gas, por lo que ello puede siempre implicar un riesgo para la ciudadanía o personas que allí asientan sus viviendas”, se lee.
A pesar del avisó, no se tiene información que la pasada administración haya hecho algo al respecto.
En conferencia de prensa este lunes, le preguntaron sobre el tema al gobernador Miguel Barbosa Huerta, sin embargo no quiso dar detalles.
“Miren, se va a investigar todo, todo, y aquí no es el lugar para decir qué investigaciones vamos a llevar a cabo, solo eso puedo decir”, contestó el mandatario.
Fue la madrugada del pasado domingo, cuando sucedieron varias explosiones en la junta auxiliar, provocando que, hasta el momento, haya 17 heridos, tres dados de alta, y 184 casas dañadas.
R:CB
