Tras la reforma al artículo 28 de la Constitución, por la cual se revocaron los decretos para el perdón de adeudos, el Servicio de Administración Tributaria no ha realizado condonaciones de impuestos, ni total ni parcialmente, sino que ha incrementado la recaudación.
Así lo remarcó el organismo este domingo, a través de un comunicado, donde señaló que se rige “bajo el principio de justicia tributaria” y con el objetivo de aumentar los esfuerzos de cobro de impuestos en medio de la crisis sanitaria.
Recordó que, una vez que se realizó dicha reforma, quedaron sin efectos los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales, de manera que se consolidó la prohibición de la condonación de impuestos.
En el recuento histórico de la condonación de impuestos de periodos anteriores, la información de 2007 a 2018 nos muestra que la condonación de impuestos correspondientes a obligaciones fiscales, convertidas a pesos de 2020, equivalen a 413 mil 258 millones de pesos.
En este tenor, el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé que el SAT cuenta con la atribución para poder disminuir total o parcialmente multas[1] por infracciones a las disposiciones fiscales y aduaneras, es decir, dicho artículo se limita a la posibilidad de disminuir sanciones económicas adicionales al impuesto omitido que la originó.
En virtud de lo anterior, a partir de un análisis detallado sobre las disminuciones en multas efectuadas en el periodo de 2016-2020, se observó lo siguiente:
En el período 2016-2018, por cada 100 pesos ingresados por fiscalización se disminuían 2.6 pesos de multas y recargos; mientras que en 2019-2020 solo se disminuyen 1.3 pesos; el monto total es mayor porque ahora los ingresos por fiscalización aumentaron más del doble.
Los resultados del periodo 2019-2020 se deben principalmente a las estrategias implementadas en el SAT, las cuales se han centrado en promover la regularización de la situación fiscal de las y los contribuyentes, incentivando el pronto pago mediante la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la normatividad, tales como: i) pago diferido, ii) pago a plazos, iii) reducción de recargos, o iv) disminución de multas sin necesidad de judicialización.
