La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) anuló el decreto de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), pues determinó que viola la libre competencia, sustentabilidad y operación en la industria eléctrica.
Lo anterior, en sesión virtual realizada este miércoles, donde los ministros aprobaron, por mayoría, revocar el decreto publicado el 15 de mayo de 2020 por la Secretaría de Energía (SE), como lo demandó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
De acuerdo con la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales, el acuerdo para emitir el decreto obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales de la Cofece, pues “anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las energías limpias intermitentes”.
La política anulada establecía que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dependiente de la Sener, tenía la posibilidad de emitir “dictámenes de viabilidad de interconexión”, como un requisito anterior o paralelo al que ya otorga la CRE.
“Esto ocasiona que el Cenace, con base en criterios que estableció la propia Sener, determine si una solicitud merece ser estudiada o no, sin tomar en cuenta las especificaciones técnicas generales aprobadas por la CRE”, determinó la corte.
Debe ajustarse a reforma de 2014
Lo anterior causaría que el solicitante de interconexión no tuviera la oportunidad de modificar la solicitud o hacerse cargo de las obras que tendrían que realizarse para que la interconexión fuera factible.
Para la SCJN, la Sener está facultada para determinar las políticas del SEN, pero ajustándose al marco legal que dejó la Reforma Energética, aprobada en 2014, a iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Al respecto, vale recordar que, el pasado lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, donde se plantea priorizar el despacho a las hidroeléctricas y demás plantas de la CFE, así como revisar los contratos con productores privados y terminarlos si no acceden a renegociar.
