Un grupo de diputadas federales propuso reformar la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política, a fin de establecer que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular quienes hayan sido condenados o sancionados por actos de violencia de género.
La propuesta de reforma contempla cinco condicionantes para los partidos políticos y para quienes aspiren a los cargos públicos de elección, las cuales serían que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o de género, que no hayan sido condenados por delitos sexuales, corrupción de menores, lenocinio o trata de personas.
Además busca que los candidatos a cargos públicos no hayan sido condenados o sancionados por violencia política contra las mujeres en razón de género, no cuenten con registro como deudor alimentario moroso y no cuenten con registro por violencia de género.
Esta iniciativa está a cargo de las diputadas Yolanda de la Torre Valdez, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Sue Ellen Bernal Bolnik, todas pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De igual forma, la iniciativa propone que también se observe el principio de inclusión en el artículo 41, fracción I, primer y segundo párrafo, a la par de la observancia en materia de paridad de género. Lo anterior con la finalidad de garantizar los principios de paridad, erradicación de la violencia política de género y el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas como es el pago por pensión alimenticia.
Aunque el principio de igualdad y el derecho antidiscriminatorio son parte de la agenda democrática nacional, la iniciativa menciona la necesidad de fortalecer la ética en los asuntos de orden público, pese a que candidatos a diputaciones o senadurías recibieron condenas por delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Lo anterior, en el marco de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que como menciona la propuesta de reforma, no contempla la totalidad de los cargos públicos por elección y no considera los diferentes tipos de violencia, así como omite garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
De aprobarse esta iniciativa que busca anular la normalización de la desigualdad estructural entre hombres y mujeres, se enfrentaría a las reformas de otras leyes federales y estatales, puesto que se trata de una reforma constitucional.
Editado por Paola Macuitl Gallardo
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