La modernización del sistema de Justicia Laboral de México, con el reemplazo de las juntas de conciliación por tribunales especializados, ya es una realidad en dos terceras partes del país, pues este miércoles entró en vigor en 13 estados, entre ellos Puebla.
Así lo destacó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa Alcalde Luján, durante el arranque de la segunda etapa de la reforma laboral, que consiste en el inicio de actividades en los centros de conciliación y tribunales laborales, que operan el nuevo modelo de justicia.
La funcionaria informó que esta segunda etapa arranca en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur (en lo federal), Colima, Guanajuato, Guerrero (en lo federal), Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo e Hidalgo (en lo local).
Comienza en dichos estados el sistema de conciliación como la puerta de entrada para dirimir los conflictos entre empleadores y trabajadores, y en donde no se logre su solución se podrá acudir a los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial.
Para este nuevo capítulo se habilitaron 19 oficinas del Centro Federal; 40 centros de conciliación locales; 32 tribunales federales y 36 locales, donde ya despachan más de mil conciliadores, jueces, secretarios, verificadores y personal registral
El personal fue seleccionado mediante concursos públicos y abiertos, y capacitado para brindar un servicio profesional y gratuito a la ciudadanía.
Resuelven 75% de asuntos por conciliación
La funcionaria aseguró que, en los estados que participan en la primera etapa se resuelve el 75 por ciento de los asuntos por la vía de la conciliación, 86 por ciento de ellos en la primera audiencia, a 15 días entre la solicitud de conciliación, y en caso de ir a juicio, se dicta sentencia en un promedio de 3.5 a 4.5 meses.
Destacó que este miércoles marca un hito para el mundo sindical, pues el Centro Federal Laboral asume la función registral de sindicatos y contratos colectivos en todo el país.
“Por primera vez tendremos un registro único de sindicatos. Cualquier ciudadano podrá acceder y conocer estatutos, directivas, vigencias, padrones, reglamentos interiores y todos los registros serán abiertos y a la luz de la ciudadanía. De igual manera, se tendrá un registro único de contratos colectivos de acceso universal”, expresó.
Sostuvo que, con la nueva justicia laboral, se está acabando con los interminables juicios laborales, el formalismo excesivo, el abuso procesal, la chicana, el coyotaje, las malas prácticas y vicios que colocaron la justicia en manos de una industria del litigio que se especializó en desgastar a las partes, retrasar acuerdos y saturar a las instituciones de gobierno.
En su participación, el ministro Fernando Franco Salas subrayó que ha sido un desafío sin precedentes la democratización sindical y conciliación como vía primaria de solución de conflictos, donde el poder judicial ha habilitado 74 jueces laborales en 26 sedes de 22 estados (incluida la Ciudad de México, con un tribunal de asuntos colectivos).
En tanto, el director general del CFCRL, Alfredo Domínguez Marrufo, resaltó que en la operación del Registro Nacional Sindical todos los trámites se realizarán por la vía digital, y la base de datos arranca con millones de fojas de las 58 juntas de conciliación y arbitraje del país, que suman 300 mil expedientes de registros sindicales, contratos colectivos, convenios de revisión salarial y contractual, entre otros.
La implementación de la reforma concluye en 2022, con la implementación del nuevo modelo laboral en las 11 entidades restantes, con lo cual México avanza conforme a lo planeado en la modernización del mundo del trabajo, cumpliendo sus compromisos nacionales e internacionales.
Participaron en el evento el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas; el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, así como representantes de los trabajadores y empleadores dieron arranque a las actividades de los centros de conciliación y tribunales laborales, que operan el nuevo modelo de justicia.
